El ministro de Relaciones Exteriores explicó el plan implementado en Colchane ante la masiva llegada de migrantes a través de pasos ilegales. Además, aclaró la polémica respecto de la vacunación de extranjeros. "Debí ser más claro para explicar", dijo.
El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, salió al paso sobre sus declaraciones por la inoculación de migrantes, luego de la emisión de un reportaje en la televisión peruana que apuntaba a un “turismo médico” hacia Chile para recibir las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19.
Fue el miércoles pasado cuando el canciller manifestó que “los extranjeros que hayan entrado con una visa de turista no van a poder vacunarse (…), las personas que estén en el país en situación irregular tampoco“. Declaraciones que fueron rectificadas posteriormente por autoridades, en una polémica zanjada por el ministro Paris quien aclaró que los turistas serán quienes no reciban la vacuna.
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A días de este suceso, Allamand indicó a El Mercurio que “desde el punto de vista de Cancillería, una de las misiones es preocuparse de que no se difundan señales equívocas en relación a la realidad migratoria chilena. Eso me indujo a intervenir en el debate para dejar en claro que Chile no iba a admitir el turismo COVID”, declaró al respecto.
“Debí ser más claro para explicar que las personas que se encontraban en una situación irregular y que se habían autodenunciado o habían efectuado trámites ante Fonasa, debían desde ya entenderse incorporadas a la población objeto de vacunación. Incluso quise decir que las personas que están en situación irregular podrían acceder a la vacuna mediante un simple expediente de que están intentando regularizar su situación. Pero no quedó claro”, reflexionó ante la polémica.
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Al mismo tiempo, el canciller ha tenido que enfrentar la migración irregular de cientos de extranjeros que han ingresado por pasos ilegales en la zona fronteriza del país, precisamente en Colchane. La autoridad llegó hasta la ciudad de la Región de Tarapacá, en una visita que culminó con la salida de más de 100 inmigrantes en un avión de la FACh.
Sobre su arribo a la zona, Allamand indicó que “tuvo como objetivo advertir en terreno cuál es la situación objetiva que afecta a las comunidades por este fenómeno de migración ilegal a través de pasos clandestinos o no autorizados. Y dejar en claro que, a partir del actual gobierno, se acabó el ‘chipe libre’ en materia migratoria“.
El ministro también explicó que frente a este tema, “hoy estamos actuando en tres fases. Antes de la frontera, en la frontera y después de la frontera”.
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“Antes, estamos desplegando coordinaciones a nivel político y policial con países vecinos, y hemos iniciado una ofensiva para desarticular las bandas organizadas que se dedican al tráfico de personas. Y al mismo tiempo estamos realizando campañas en el extranjero para los efectos de dar a conocer cuál es la realidad legal migratoria chilena. En la frontera hemos fortalecido la presencia de Carabineros, de la PDI y el apoyo que dan las Fuerzas Armadas. Y después de la frontera queríamos entregar una señal clara de que las personas que infringen la legislación e ingresan al país por pasos no autorizados pueden ser objeto de sanciones, siendo la más severa la expulsión”, explicó en detalle.
Allamand también aclaró que “la facultad de expulsar a quienes ingresan clandestinamente al país le corresponde a los intendentes regionales”, y finalmente respondió a los líderes de la oposición venezolana que se mostraron sorprendidos por las medidas adoptadas en Chile respecto de esta migración irregular.
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“Hay que tener en cuenta a los 500.000 venezolanos en Chile, la mayoría regularizados durante este gobierno. Hemos otorgado, y seguimos haciéndolo, más de 75 mil visas de responsabilidad democrática, y ahora impulsamos un programa que incentiva la reunificación familiar. Son expresiones concretas de solidaridad, pero al mismo tiempo a las autoridades de la oposición venezolana siempre les hemos dicho que Chile tiene el derecho y la obligación de cumplir la ley“, concluyó el ministro de Relaciones Exteriores.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
