Las casas de los otros dos funcionarios renunciados también fueron allanadas durante la noche del martes. Desde la gobernación expresaron su "compromiso total con la transparencia y colaboración en cada una de las etapas de este proceso investigativo".
Funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), en colaboración con la Fiscalía, allanaron durante la noche del martes la casa de uno de los tres altos cargos que renunciaron a la Gobernación Regional del Biobío, en medio de las indagatorias por el llamado Caso Convenios.
Se trata de Rodrigo Martínez, exadministrador regional del organismo.
De acuerdo a información recabada por Radio Bío-Bío, los detectives llegaron a la vivienda del exfuncionario ubicada en la comuna de Chiguayante para realizar las diligencias investigativas. Además, habrían allanado también las residencias del ex jefe de gabinete de la misma institución, Rodrigo Alarcón, y el ex jefe de la división de Desarrollo Social, Simón Acuña.
A través de un comunicado, la gobernación señaló: “Hemos tenido conocimiento de los procedimientos rutinarios realizados en el marco de la investigación por el llamado Caso Convenios”.
“Reiteramos nuestro compromiso total con la transparencia y colaboración en cada una de las etapas de este proceso investigativo”, agregan.
El escrito finaliza enfatizando que “en esta nueva etapa de trabajo“, impulsarán un cambio profundo, elevando sus estándares de control y tomando medidas con “probidad y transparencia”.
El gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, anticipó esta nueva política institucional en entrevista con CNN Chile, donde expresó que “se hace urgente colaborar con la acción de la justicia y elevar los estándares para no volver a ser vulnerable a personas corruptas e inescrupulosas“.
Según informó la radio antes mencionada, el exfuncionario quedó detenido por la infracción a la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes, dado que durante el allanamiento se encontró marihuana.
La defensa del mandatario aseguró que él fue víctima de acoso sistemático por parte de la mujer que, 10 años después de enviados los mensajes, presentó la denuncia en su contra.
