La Fiscalía indaga los delitos de soborno, cohecho y lavado de activos entre el 2014 y el 2018 por parte de funcionarios públicos pertenecientes a la Dirección de Informática del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
En el marco de una investigación sostenida desde marzo de 2018 por la Fiscalía, efectivos policiales allanaron dependencias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) durante la mañana de este viernes.
Se trata de las diligencias hechas por el Ministerio Público en recintos del Gobierno que presuntamente pertenecerían a una “red de corrupción”.
En ese sentido, el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, detalló que los hechos se habrían desarrollado desde el año 2014 hasta el 2018 e involucrarían “delitos relativos a la esfera de los empleados públicos en el ejercicio de su cargo”.
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Asimismo, aclaró que también “hay personas que no pertenecen a la órbita de empleados públicos y a su respecto también hay investigación por lavado de activos”.
Al respecto, comunica que pese a que las diligencias están en curso, ya hay personas detenidas. Así lo confirma el fiscal Francisco Ledezma, de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, quien sostiene que se trata de 20 detenidos que este sábado pasarán a disposición del séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
“Son profesionales de la Dirección de Informática de este Ministerio”, asegura Ledezma, quien asevera que presuntamente actuaban “mediante el pago de dinero, para ellos eventualmente favorecer o asegurar adjudicaciones del Estado”.
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Informó, además, que los funcionarios involucrados habrían formado “sociedades fachadas” para prestar servicios informáticos a otros ministerios y de esa forma, cobrar comisiones.
El Ministerio del Interior solicitó al Consejo de Defensa del Estado que se querelle por los delitos de soborno, cohecho, lavado de activos, entre otros.
En tanto, habría más detenciones durante la jornada en las dependencias donde las empresas investigadas prestaron servicios, tales como la presidencia, la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Subsecretaría General de Gobierno, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Por otro lado, el ministro de la cartera, Cristián Monckeberg, declaró que rechaza categóricamente el hecho y dispondrá total colaboración tanto de parte del Gobierno como del Ministerio.
“Aquí hay delincuentes que cometieron delitos, y que tienen que ser fuertemente sancionados. Vamos hacer todas revisiones necesarias para poder evitar que este tipo de situaciones se sigan produciendo”, sentencia el secretario de Estado.