La Corporación Municipal de Ancud ya había sido sancionada en múltiples ocasiones entre 2018 y 2021 por la Superintendencia de Educación debido a su falta de entrega de información sobre saldos no acreditados.
El alcalde de Ancud, Carlos Gómez, representante de la Corporación Nacional de Ancud, fue inhabilitado de forma “perpetua” de ejercer como sostenedor de establecimientos educacionales por una millonaria deuda.
Fue la Superintendencia de Educación (SIE) la que, mediante una resolución exenta de su Dirección Regional en Los Lagos, tomó la medida luego de constatar que la corporación municipal no cumplió con la entrega de información que acreditara la disponibilidad de los saldos de subvenciones y/o aportes del Estado percibidos durante el año 2021.
El artículo N.º 76 de la Ley 20.529 señala que no disponer esta información es una infracción de carácter grave para las entidades sostenedoras.
Entre 2018 y 2021, la Corporación Municipal de Ancud fue sancionada en múltiples ocasiones por la Superintendencia debido a su falta de entrega de información sobre saldos no acreditados.
Desde la primera sanción hasta la más reciente en 2023, el monto de saldos de subvenciones y/o aportes del Estado no acreditados por la Corporación Municipal de Ancud ha aumentado significativamente, pasando de $1.840.279.875 a $6.306.529.262.
Los 24 establecimientos educativos de Ancud están desde agosto en manos de un administrador provisional.
“Lo sucedido en Ancud con la administración de los establecimientos educacionales es grave y durante este año vimos cómo la continuidad de la prestación del servicio educativo se puso en riesgo, pudiendo afectar el derecho a la educación de miles de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Chiloé“, detalló Fernando Pérez Barrera, director regional de Los Lagos de la SIE.
“Se determinó sancionar a la Corporación Municipal de Ancud con la inhabilitación perpetua para obtener y mantener la calidad de sostenedor, respecto de su representante legal, que es el alcalde”, agregó-
Luego de notificada esta resolución, la entidad sostenedora tiene un plazo de 15 días para presentar un recurso de reclamación, que será revisado por la autoridad nacional del Servicio.
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