ANEF encabezará marcha por dictamen de Contraloría sobre “legítima confianza”: ¿De qué se trata el nuevo criterio?

Por Valentina Sánchez Cárdenas

28.11.2024 / 08:38

{alt}

Los trabajadores han apelado a que el nuevo criterio afecta la estabilidad laboral y el reajuste de las remuneraciones. En la movilización también participará la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).


Este jueves, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) encabezará una marcha en el centro de Santiago, en medio del paro nacional en defensa de la estabilidad laboral y el reajuste de las remuneraciones. En la movilización también participará la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

¿La razón? El dictamen de la Contraloría General de la República sobre “confianza legítima”.

Y es que el pasado 8 de noviembre se dio a conocer que la nueva contralora Dorothy Pérez estableció un “nuevo criterio”, relacionado con que la confianza legítima de los trabajadores del sector debe quedar en manos de los tribunales de justicia, y el organismo dirigido por ella deberá abstenerse de emitir declaración.


Lee también: Ministro Pizarro atribuye exclusión del Estadio Sausalito del Mundial Sub-20 a responsabilidades municipales: “Había gestiones comprometidas”


La situación ha provocado controversia, y expertos en el tema han mencionado que el dictamen borra el trabajo del excontralor Jorge Bermúdez. Esto, ya que durante su administración se instauró que si un funcionario público a contrata se le renovaba por más de dos años, tendría la confianza legítima de que seguiría renovando.

Aquello se estableció sobre la base de que si el Estado estaba actuando de cierta manera, se continuará haciendo en el futuro.

En ese marco es que la contralora decidió modificar dicho criterio, y ahora la confianza legítima comenzará a operar a partir de los cinco años de contrato, por lo que si un empleado/a es desvinculado/a antes de cumplir dicho período, no se podrá apelar a que hubo un actuar ilegal o arbitrario. En caso de ser despedidos, no podrán acudir a la Contraloría para reclamar, sino que deberán hacerlo en la justicia.

Desde la ANEF han apelado a que este nuevo criterio afecta la estabilidad laboral de “miles de funcionarias y funcionarios públicos que están a contrata”.