Los senadores Carlos Bianchi y Yasna Provoste aseguran que cuatro parlamentarios oficialistas "no advirtieron ni expresaron de ninguna forma" durante el trámite de la iniciativa que registraban derechos de aprovechamiento de aguas a su nombre, al de su cónyuge o de sociedades en las que participan.
El pasado 7 de enero, la Sala del Senado rechazó la idea de legislar el proyecto de reforma constitucional sobre “sobre dominio y uso de aguas”, el cual buscaba consagrar el recurso hídrico en el país como un bien de uso público.
Tras las críticas que despertó esta decisión, los senadores Carlos Bianchi (Independiente) y Yasna Provoste (DC) presentaron una solicitud ante la mesa de la Cámara Alta para anular dicha votación.
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Como argumento para esto se indica que cuatro senadores de Chile Vamos, que participaron de la votación, deberían abstenerse por tener conflictos de interés.
En concreto, se acusa a Juan Antonio Coloma (UDI) quien “está vinculado a dos derechos de aguas obtenidos en abril de 2011 y octubre de 2013 por la sociedad Inversiones e Inmobiliaria Santa Eugenia S.A, en la que participa su cónyuge María Cecila Álamos”, y a Alejandro García Huidobro (UDI) quien “en su última declaración de patrimonio cuatro derechos de aprovechamiento de aguas, en la región de O’Higgins, para usar las aguas del Río Cachapoal, en el Canal El Alba”.
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El documento también señala que Juan Enrique Castro (RN) “registra dos derechos de agua, vinculados a sociedades en las que tiene participación, que datan de 1987, en la región del Maule”, y por último, se apunta contra Manuel José Ossandón (RN), quien “registra en su última declaración de patrimonio un derecho de agua de 1998 en el cauce del Río Maipo, en la región Metropolitana”.
En la solicitud se indica que los cuatro parlamentarios “al participar en el debate, no advirtieron ni expresaron de ninguna forma que todos ellos registraban derechos de aprovechamiento de aguas, ya sea a título personal, a través de sus cónyuges o de sociedades en las que participan”.
Por esto, los senadores habrían transgredido el “artículo 5 B de la Ley Orgánica Constitucional, y el artículo 8 del reglamento del Senado”.
La petición fue enviada por Bianchi al presidente del Senado, Jaime Quintana, por medio de una carta.
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