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La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la iniciativa que permite aplazar las elecciones que originalmente estaban fijadas para el 10 y 11 de abril. Junto a la postergación, hay una serie de efectos a nivel de campaña, gasto y más.
Este miércoles la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de reforma constitucional que traslada las elecciones, originalmente fijadas el 10 y 11 de abril, para los días 15 y 16 de mayo.
La idea de legislar esta postergación, motivada por la cantidad de casos diarios de contagios por coronavirus, fue ratificada en dos votaciones: la primera, referida a los artículos transitorios de la Constitución, fue aprobada por 126 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones; la segunda, relacionada con las disposiciones vinculadas a artículos permanentes, obtuvo 129 a favor, 11 en contra y 2 abstenciones.
La iniciativa ingresada por el Ejecutivo fue latamente discutida en las comisiones unidas de Gobierno Interior y de Constitución, para así posteriormente ser tramitada en la sala de la Cámara. Tras su aprobación, el siguiente paso es ser votada en sala por el Senado.
Sin embargo, esta definición a nivel constitucional no sólo se refiere al mero traslado de una fecha a otra, sino también a una serie de efectos que esta modificación trae consigo.
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En sí, el boletín 14.138-07 establece lo siguiente:
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Además de lo relacionado al calendario electoral, que tal y como ha sido tramitado no afecta las elecciones de noviembre en que se vota por diputados, senadores y presidente, se debatió en torno a otras materias que tienen relación con el proceso eleccionario:
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Una entrevista al exministro Luis Cordero y al juez de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, fueron las dos piezas destacadas.