De acuerdo con los argumentos presentados por la constituyente Bárbara Sepúlveda (PC), las fallas técnicas y sanitarias evidencian "una negligencia grave en el cumplimiento de las funciones de la Unidad Secretaría Administrativa, dependiente de la Subsecretaria General de la República (Segpres)".
Luego de la suspensión de la primera jornada de trabajo de la Convención Constitucional en el ex Congreso Nacional, diversos constituyentes apuntaron a la responsabilidad del gobierno en las fallas técnicas y sanitarias que llevaron a tomar la decisión de aplazar dicha sesión para este martes.
Dentro de los argumentos presentados, señalaron que solo una de las cuatro salas del recinto se encontraba habilitada para sus funciones. Una situación que no permitía cumplir con el aforo debido a la crisis sanitaria, aludiendo a falta de micrófonos y cámaras para la transmisión simultánea entre los constituyentes y hacia la ciudadanía.
Al respecto, representantes del pacto Apruebo Dignidad (FA- PC) entregaron una declaración pública para aclarar lo acontecido.
Según Bárbara Sepúlveda (PC), la suspensión se acordó “debido a la inexistencia de condiciones mínimas sanitarias, técnicas y de transparencia como la transmisión en vivo la ciudadanía para asegurar el correcto funcionamiento de este órgano”.
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“Para iniciar el trabajo se requería de salas paralelas e interconectadas audiovisualmente con Internet y un sistema de streaming para poder sesionar de manera simultánea en grupos separados por un número acotado de constituyentes”, sostuvo.
“Pero estas salas estaban habilitadas, evidenciando una negligencia grave en el cumplimiento de las funciones de la Unidad Secretaría Administrativa, dependiente de la Subsecretaria General de la República (Segpres)”.
Por otro lado, la constituyente Giovanna Roa (RD) declaró que “respaldamos la decisión de la mesa de la Convención Constitucional de no haber dado inicio la sesión inaugural.
“Exigimos que este gobierno entregue las explicaciones del caso a la CC y a todo Chile debido a la negligente gestión del presupuesto de más de 850 millones de pesos destinados a la habilitación de los espacios de trabajo”, y que además “se haga valer la responsabilidad política del ministro Ossa mediante su renuncia inmediata, y la responsabilidad administrativa del subsecretario Pavez y el funcionario Encina”.
Momentos antes de lo indicado por representantes de Apruebo Dignidad, el constituyente del Pedro Muñoz (D24), leyó una declaración de todos los convencionales del Partido Socialista al respecto.
En la instancia señaló que “el colectivo socialista solicita la renuncia del ministro Juan José Ossa, por el notable abandono de deberes y repetida falta de disposición hacia la Convención Constitucional”, una responsabilidad que se extiende a todo el equipo.
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“Francisco Encina gana un sueldo de 7 millones y medio, no ha hecho su trabajo, es un funcionario que está bajo la responsabilidad del ministro Ossa”, indicó.
Por lo mismo, apuntó a que “se trata de un boicot a la tabla, hoy día teníamos puntos fundamentales que abordar, puntos políticos, hay protestas afuera, hay cuestiones respecto los presos de la revuelta que no se han resuelto. Teníamos que comenzar a dotarnos de las normas mínimas para el funcionamiento y además discutir respecto de la ampliación de la mesa”, dijo.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
