La semana pasada, el máximo tribunal recibió por instrucción del presidente Boric los antecedentes que el Gobierno maneja sobre la decisión del magistrado. El pleno habría basado su decisión en que actualmente ya existe una investigación administrativa al respecto.
La Corte Suprema habría decidido sin mayor discusión no emitir opinión respecto al juez Héctor Barraza, del Juzgado de Arica, quien decidió compartir a la Defensoría Pública datos sobre los 57 testigos y agentes anónimos del caso Los Gallegos, que investiga a 44 sujetos que conforman el brazo operativo del Tren de Aragua en Chile.
El Ministerio de Justicia, por instrucción del presidente Gabriel Boric, envió la semana pasada antecedentes a la Corte Suprema sobre la decisión del magistrado. El titular de la cartera, Luis Cordero, anunció en dicha ocasión que “por instrucción del presidente de la República, hemos remitido a la Corte Suprema (CS) los antecedentes que disponemos sobre la decisión del juez en este caso, que en opinión del Gobierno constituyen hechos graves que pueden comprometerse a conducta ministerial”.
“De este modo, el pleno de la CS podrá adoptar las medidas que ellos estimen pertinentes (…). Es posible que se hubiese dado incumplimientos a deberes funcionarios” agregó Cordero.
De acuerdo a lo que informó El Mercurio, la Corte Suprema habría decidido esta semana no emitir opinión respecto al juez en cuestión.
El medio citado aseguró que el pleno, según quienes conocen detalles de la sesión, habría optado por no pronunciarse sobre el caso. Lo acordado se basaría en el hecho de que actualmente ya existe una investigación administrativa en curso respecto del juez, iniciada por la Corte de Apelaciones de Arica, y que determinará si existe o no alguna responsabilidad del magistrado por estos hechos.
El Juzgado de Garantía de Arica resolvió la semana pasada ordenar a la Defensoría Penal Pública la devolución inmediata de los antecedentes de los testigos protegidos con identidad reservada de la investigación sobre Los Gallegos.
Esta medida se tomó luego de que la Corte de Apelaciones acogiera la orden de no innovar ingresada por la Fiscalía de Arica contra el propio Juzgado de Garantía, que había accedido a la solicitud de los defensores públicos de los acusados.
Fue el propio Ministerio Público el que informó que la defensa de los acusados había accedido a “algunos sobres” que contenían antecedentes de los testigos protegidos.
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