El proceso se llevó a cabo luego de que en agosto de 2022 la actual administración, liderada por Emilia Ríos (RD) presentara una querella por presuntos pagos millonarios a funcionarios del municipio durante el mandato de Zarhi. El fraude superaría los $176 millones.
El exalcalde Andrés Zarhi fue formalizado por su presunta responsabilidad en un delito de fraude al fisco, que habría llevado a cabo mientras estaba a la cabeza de Ñuñoa, entre mayo de 2019 y junio de 2021. El 8° Juzgado de Garantía de Santiago le decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
Durante tres jornadas, Fiscalía informó a la exautoridad los hechos de los que se le acusan, y discutió también las medidas cautelares.
El abogado del Zarhi, Óscar Rivera, dijo a La Tercera que irán a la Corte de Apelaciones de Santiago para que las cautelares sean de menor intensidad.
“Para nosotros fue bastante agotador pasar por estas tres jornadas, porque eran totalmente innecesarias (…) Había acuerdo con el Ministerio Público para que hubiese arraigo y firma quincenal, pero esto no fue del agrado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), lo que motivó una serie de dilaciones innecesarias”, sostuvo.
De todas maneras, el defensor destacó que el exalcalde solo fue acusado de fraude al fisco y no por malversación de fondos públicos.
“Quedamos conformes con el análisis, con el detalle que se hace respecto de los delitos investigados, pero con un sabor amargo respecto de que consideramos que la medida cautelar que se debió haber fijado es la de arraigo y firma quincenal”, determinó.
La causa también incluye al exsecretario general de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, José Palma Vega; al ex director jurídico, Ludwig Bornand Manaka; y al exdirector de Salud, Roberto Stern Elfenbein, por pagos irregulares al interior de la Corporación de Desarrollo Social del municipio.
Palma Vega pagó $20 millones por conceptos del perjuicio ocasionado, según señaló el citado medio. Mientras que Bornand Manaka quedó con arraigo nacional, y Stern Elfenbein quedó con arraigo nacional y firma quincenal.
El delito del que se acusa al exalcalde Zarhi
Según el Ministerio Público, mientras era presidente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, Zarhi, “sin contar con facultades para ello, suscribió y permitió que se suscribieran contratos y anexos de contratos de los Directivos de dicha Corporación, que contenían cláusulas abusivas relativas a la concesión de indemnizaciones a todo evento y sin tope legal”.
Dichas cláusulas superaban los límites legales y no contaban con facultades suficientes. Además, se contravino “en forma abusiva los deberes propios de su cargo en cuanto a resguardar el Patrimonio de la Corporación, en cuanto le generó un pasivo ascendente a la suma de $190.465.530″.
El organismo también señaló que antes de que la alcaldesa Emilia Ríos fuera electa, se desvinculó a José Palma Vega, lo que causó un agravio de $27.653.818.
En cuanto a Ludwig Bornand Manaka, fiscalía indicó que obtuvo fraudulentamente un pago de $7.612.974. Ese monto fue el perjuicio causado a la Corporación.
Mientras que Roberto Stern Elfenbein, también obtuvo un pago fraudulento de $180.275.648 por parte del Ministerio de Salud por un “retiro voluntario”, sin embargo, este no procedía porque fue recontratado. Luego recibió otros dineros por más de 48 millones de pesos por un “finiquito”, cuando tampoco le correspondía.
La acusación inicial
En agosto de 2022, la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Rios (RD), se querelló contra su antecesor en el cargo por presuntos pagos millonarios a funcionarios del municipio durante su periodo al mando de la comuna.
La jefa comunal solicitó en ese tiempo que se investigaran presuntos delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos por más de $176 millones, que afectaron directamente las arcas del municipio.
Y es que, al resultar electa, la administración de Ríos revisó todos los contratos de trabajo de los directivos de cada corporación municipal, identificando que todos contaban con cláusulas de indemnización equivalentes a seis a ocho sueldos brutos y que no contemplaban tope legal, lo que levantó las alarmas de una práctica fuera de norma.
La jefa comunal habría solicitado a Zarhi tomar acciones para evitar dichos pagos, sin embargo esto no sucedió y los pagos en exceso se produjeron de todas formas.
