A través de un comunicado, acusan que el proyecto disfraza "un cierre por secretaría" del sistema de Isapres, obligando el traslado de los usuarios a Fonasa. "Los pacientes no son herramientas políticas", manifestaron.
La Asociación de Isapres respondió al proyecto de ley corta presentado por el Gobierno y afirmó que “es un engaño y fuerza una falla sistémica en el acceso a la salud de todos los chilenos”.
A través de un comunicado, las Isapres señalan que la iniciativa “no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos”.
Las entidades hablan de una “indolencia absoluta” con los usuarios del sistema de salud, y “en particular con los enfermos”. “Promete rebajas de precio y devoluciones falaces, que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con los contratos, dejando a casi tres millones de personas en la indefensión”, reclaman.
Además, acusan que el proyecto disfraza “un cierre por secretaría” del sistema de Isapres, obligando el traslado de los usuarios a Fonasa.
“Creemos que las posturas ideológicas no pueden ser impuestas a expensas de los afiliados y del acceso a la salud. Los pacientes no son herramientas políticas“, manifiestan.
Finalmente, emplazan al Congreso señalando que esperan que evite “una nueva y mayor emergencia sanitaria, y el desmantelamiento del sistema privado de salud“.
El proyecto de ley corta de las Isapres fue presentado ad portas de que se cumpla el fallo de la Corte Suprema que estableció la aplicación de una única tabla de factores para todos los afiliados.
El Ministerio de Salud busca solicitar una prórroga de seis meses al máximo tribunal, para que en el Congreso se pueda debatir con tiempo la iniciativa, la cual pretende otorgar más atribuciones a la Superintendencia de Salud, reducir las judicializaciones al sistema y fortalecer el sistema público de salud (Fonasa).
Además, el ente regulador de la cartera de Salud ordenará a las Isapres diseñar un plan de pago para la devolución de los cobros en exceso, los cuales ascienden a USD $1.400 millones.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
