Eduardo Gallardo, vocero de la agrupación, afirmó que la misión de la justicia es "aplicar la Constitución y la ley al caso concreto" y que para estas situaciones, incluso en época de pandemia, el Código Penal establece "penas que son bastante bajas".
El fin de semana, tres personas que fueron detenidas por organizar una fiesta clandestina quedaron en libertad, encendiendo el debate en torno a si se trata de un delito y cuáles deberían ser las sanciones para quienes incumplan la cuarentena.
En conversación con CHV Noticias y CNN Chile, Eduardo Gallardo, vocero de la Asociación Nacional de Magistrados, explicó que en estos casos “se les imputa el delito del artículo 318 del Código Penal, que sanciona a quien pone en peligro o afecta la seguridad pública contraviniendo las normas sanitarias“.
“Esa disposición establece penas que son bastante bajas de presidio menor en su grado mínimo, es decir 61 a 540 días de cárcel, que normalmente se cumplen en libertad si es que la persona no tiene antecedentes penales previos, o incluso una pena de multa”, detalló.
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En ese sentido, el abogado señaló que “los jueces estamos para aplicar la Constitución y la ley al caso concreto” y que “eso nos asegura a los ciudadanos que somos todos iguales y que nuestros derechos fundamentales van a ser respetados”.
Con respecto a las críticas, Gallardo señaló que “más de alguien pudo haber tenido la expectativa de que quedaran encerrados en la cárcel, pero la verdad es que sostener y creer que todos estos problemas que son complejos, multifactoriales, los vamos a resolver encerrando a las personas que cometan determinadas infracciones, me parece que francamente es una ingenuidad“.
Finalmente, manifestó que “a propósito de las expectativas y señales que se piden, es importante que se entienda que los jueces no estamos para dar señales. La única señal legítima, tolerable, en un Estado de Derecho es que los jueces se vinculen estrictamente a los hechos de ese caso y a la ley aplicable”.
“Si usted está en un tribunal, eso es lo que le va a exigir a un juez”, cerró.
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desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
