Australia rechaza solicitud de libertad provisional a ex secretaria de Manuel Contreras

Por CNN Chile

27.06.2019 / 10:51

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Adriana Rivas, ex agente de la DINA y mano derecha de Manuel Contreras, fue detenida en febrero pasado por su participación en siete secuestros calificados como desapariciones ocurridos entre 1974 y 1977, mientras era integrante activa del organismo represor. 


Este jueves la justicia australiana rechazó la solicitud de libertad provisional presentada por Adriana Rivas, ex agente de la DINA y secretaria de Manuel Contreras, quien fue detenida el pasado 19 de febrero y se encuentra en la cárcel de Silverwater, en la ciudad de Sydney.

“Ninguno de los factores presentados por Adriana Rivas a favor de una solicitud de libertad provisional son suficientes ni excepcionales”, señaló la jueza Margaret Quinn, del tribunal penal del estado de Nueva Gales del Sur, según explicó la abogada Adriana Navarro.

“La señora Rivas permanecerá en un correccional en Sydney hasta que se vea la solicitud de extradición en su totalidad en algún momento posterior a septiembre de este año”, agregó Navarro, quien representa a las familias de seis presuntas víctimas de Rivas.

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Estaba previsto que este fallo se anunciara el pasado 18 de junio, pero la defensa de la ex DINA pidió que se pospusiera por problemas de salud. Además, las partes involucradas en el proceso judicial acordaron un calendario para la presentación de alegatos, y el próximo 5 de septiembre se sopesará si es que luego se da paso a las audiencias.

Rivas fue buscada por la justicia por años debido a su participación en siete secuestros calificados como desapariciones ocurridos entre 1974 y 1977 mientras era integrante activa del organismo represor. 

La mujer, también conocida como “La Chany”, era la mano derecha de Manuel Contreras, vive en Australia hace más de 30 años y en 2006 viajó a Chile para visitar a su familia y fue detenida.

Sin embargo, la mujer escapó del país luego de que la justicia la dejara en libertad condicional, y luego, en 2014 la Corte Suprema chilena emitió una orden de extradición.

En 2013, la mujer negó las acusaciones en su contra, pero justificó el uso de la tortura y aseguró que su aplicación era algo “que todos conocían”.