La diputada Catalina Pérez y el ministro de Vivienda, Carlos Montes, fueron parte de quienes comparecieron esta semana ante los fiscales de Antofagasta que investigan el traspaso de millonarios montos de dinero a la fundación Democracia Viva.
La diputada Catalina Pérez, una de las figuras centrales del Caso Convenios, concluyó este viernes su declaración ante la Fiscalía de Antofagasta, dando cierre a una ronda de interrogatorios por parte de los fiscales regionales Juan Castro Bekios y Cristian Aguilar, encargados de la causa Democracia Viva.
Pérez enfrentó más de tres horas de preguntas como imputada, centrando su testimonio en refutar vehementemente cualquier vínculo con prácticas de tráfico de influencias, señalando que su intervención en la selección de fundaciones y asignación de recursos estaba totalmente ausente.
Tras la instancia, el abogado defensor de la parlamentaria, Gonzalo Medina, expresó que esperan que esta declaración contribuya a despejar las especulaciones sobre su supuesta participación en el caso y aclarar su rol en los hechos investigados.
“Con esto espera poder aclarar cuál ha sido su participación en esto, pero que no lleva ninguna responsabilidad penal asociada a este hecho”, añadió.
El trasfondo de este proceso se remonta a una serie de acuerdos firmados entre la Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta destinados a proyectos en campamentos.
La polémica ha escalado con las formalizaciones de la expareja de Pérez y exrepresentante legal de la fundación, Daniel Andrade, y el exseremi de Vivienda en Antofagasta, Carlos Contreras, quien también fue jefe de gabinete de Pérez. Ambos enfrentan medidas cautelares, mientras que la diputada se ha mantenido firme en su negativa de cualquier implicación ilícita en este asunto.
El abogado de Pérez también descartó categóricamente que su defendida haya incurrido en el delito de tráfico de influencias, una de las líneas investigativas que estaba siendo explorada por la Policía de Investigaciones (PDI).
“Nunca existió, no hay ninguna intervención que ella hubiese tenido en nada vinculado con estos convenios, por lo tanto, tráfico de influencias es algo que podemos descartar de manera absoluta”, aseguró.
En ese sentido, enfatizó que “es una línea investigativa, pero no hay ningún antecedente que de información sobre nada que tenga que ver con tráfico de influencias”.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, también compareció ante el Ministerio Público en calidad de testigo durante la jornada del pasado jueves.
El secretario de Estado arribó a las oficinas de la Fiscalía Nacional poco antes de las 19:30 horas y permaneció aproximadamente dos horas en su declaración, retirándose pasadas las 21:30 horas, si hacer declaraciones a la prensa.
Uno de los aspectos centrales de la declaración del ministro Montes fue el momento en que él y el Ejecutivo tuvieron conocimiento de los convenios suscritos. Este punto busca esclarecerse como parte de las diligencias del Ministerio Público en el marco de esta investigación.
Durante esta mañana, sin embargo, Montes reiteró que se enteró de las irregularidades en junio, después de un llamado que le hizo la titular de Interior, Carolina Tohá, para preguntarle si sabía sobre el caso.
“Yo nunca supe antes del 16 de junio, independiente de lo que haya dicho la exsubsecretaria (Tatiana Rojas)”, sostuvo.
Cabe recordar que la exsubsecretaria Tatiana Rojas había declarado ante Fiscalía que informó a Montes y a Miguel Crispi, jefe de asesores de La Moneda, sobre el caso Democracia Viva antes de que fuera publicado en el medio Timeline.
Esta semana, la exjefa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismos (Minvu), Verónica Serrano, también compareció ante Fiscalía en calidad de testigo en el marco de la indagatoria de la arista de Democracia Viva del Caso Convenios.
Serrano, quien es tía del actual jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, aseguró no haber tenido injerencia en la entrega de fondos a la fundación involucrada en la investigación y que su preocupación era acelerar los convenios debido al atraso en la ejecución presupuestaria en Antofagasta y otras regiones.
“Ejecutar el presupuesto no significa solo gastar plata, significa llevarle la atención a los campamentos, por lo tanto, no se estaba haciendo la tarea. Esa fue mi preocupación y por eso apuré no solo a Antofagasta, sino que a todas las regiones en lo que les corresponde hacer”, expresó antes de ingresar a las instalaciones del Ministerio Público.
La exfuncionaria también aclaró que los convenios son firmados por las regiones y los seremis, por lo que ella no tiene facultad sobre su decisión.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
