A través de un informe, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se señala que “se ha utilizado el sistema de justicia para criminalizar la disidencia y garantizar la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, lo que demuestra la falta de independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo”.
Este viernes, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, llamó a poner fin a la “impunidad” en Nicaragua, país donde señaló que se han registrado “graves violaciones de los derechos humanos cometidas desde mediados de abril de 2018 en el contexto de las protestas”.
A través de un informe elaborado por el organismo que encabeza la ex mandataria chilena, se señala que el Ejecutivo de Nicaragua siguió reprimiendo a la sociedad civil incluso después de haber iniciado formalmente en febrero un proceso de diálogo con la oposición, que hasta ahora no ha tenido resultados.
“El Gobierno y los elementos progubernamentales continuaron reprimiendo la disidencia. Las autoridades consideran que la represión de las protestas en todo el país fue una respuesta legítima a un golpe de Estado fallido, negando toda responsabilidad por la violación de derechos humanos”, denuncia el documento.
“Los arrestos y detenciones arbitrarios continuaron siendo un medio de represión de la expresión de la disidencia, y persistieron los casos de torturas y malos tratos a personas privadas de libertad en relación con las protestas”, continúa.
Además, la ONU indica que “se ha utilizado el sistema de justicia para criminalizar la disidencia y garantizar la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, lo que demuestra la falta de independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo”.
Desde 2006 que Nicaragua está presidido por el ex guerrillero sandinista Daniel Ortega, y actualmente el país atraviesa una grave crisis que estalló en abril de 2018, con una ola de protestas contra una reforma del seguro social, que luego derivó en una demanda de renuncia del presidente por la represión ejercida contra los manifestantes.
La violencia dejó más de 325 muertos y 2.000 heridos, 62.500 exiliados, cientos de opositores encarcelados y una profunda recesión económica.
El informe, que será presentado el próximo día 10 al Consejo de Derechos Humanos que se reunirá en Ginebra, cubre un año entero (del 19 de agosto de 2018 a 31 de agosto pasado) y aborda la violencia no sólo policial, sino también de individuos armados favorables al Gobierno y que utilizaron armas diversas -incluidas de fuego- contra ciudadanos considerados opositores.
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desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
