Quisimos profundizar en este tema y para ello conversamos con el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, quien dijo que esta normativa es inconveniente y vulnera el estado de derecho. “La protección social está orientada a las personas y a sus familias, si se empiezan a aplicar normativas que están fuera de la ley significa que no estamos aplicando estado de derecho y eso es cuestionable desde el punto de vista Constitucional“, explicó.
“La discusión de fondo tiene que ver si al quitarle este beneficio a la persona que cometió el delito lo afecto sólo a él o si también afecto a su grupo familiar”, dijo Barraza.
El ministro de Desarrollo Social informó que “hay programas que acompañan a hijos de padres que están en la cárcel, para que ellos no lleguen a delinquir, si le quito entonces los beneficios a una persona que delinquió, también afecto a su familia. No queremos que estos niños entren al círculo de la delincuencia, queremos que estén a bien cuidado y que puedan tener oportunidades, entonces esta es una medida que no está muy bien pensada“.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.