El ministro del Interior se sumó a las declaraciones de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, y criticó el análisis elaborado por el organismo internacional a partir del estallido social, y señaló que "cuando tengan todos los antecedentes van a ver que lo que hemos hecho como gobierno es ser absolutamente proactivos en que se resguarden los derechos fundamentales".
El gobierno convocó a un comité interministerial de Derechos Humanos, instancia que se desarrolló en La Moneda durante la mañana de este viernes, y que estuvo conformada por los líderes de carteras como Interior, Justicia, Mujer y Equidad de Género, Salud y Educación.
Luego de la reunión se realizó un punto de prensa en el que el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, emitió nuevos cuestionamientos al informe elaborado por Aministía Internacional en torno a las violaciones de derechos humanos en el país.
“Desde que asumí como ministro del Interior no he recibido ninguna solicitud para resolver las inquietudes y dudas que pueda tener Amnistía Internacional. Si ellos tienen el interés por supuesto que cuando quieran nos reunimos y les entregamos información necesaria para aclarar sus dudas, porque el informe presentado ayer tiene múltiples deficiencias“, afirmó.
“Tiene imputaciones que son absolutamente equívocas, y por lo mismo la disposición tanto mía como de todas las autoridades de gobierno es dar todas las facilidades a todas las instituciones en materia de derechos humanos, en consecuencia vamos a estar siempre disponibles para reunirnos con cualquier institución que tenga interés en poder conocer la situación”, continuó.
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Blumel aseguró que “cuando tengan todos los antecedentes van a ver que lo que hemos hecho como gobierno es ser absolutamente proactivos en que se respeten las leyes y normas que en nuestro país cautelan los derechos fundamentales de todos nuestros compatriotas”.
Consultado sobre cuáles serían las deficiencias del informe, el ministro indicó que aquella que señala que “hay una suerte de actuación concertada para dañar a la población”. “Todo lo contrario, desde el primer día hemos dicho como gobierno que hay manifestaciones que son pacíficas, legítimas y necesarias en democracia. La ciudadanía tiene todo el derecho a manifestarse y plantear sus inquietudes a quien gobierna”, agregó.
Los dichos del ministro se suman a los realizados ayer por la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, quien calificó como “irresponsable” el trabajo del organismo internacional.
“El gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional, el que sin siquiera solicitar información al gobierno pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes”, dijo en un punto de prensa en La Moneda.
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En específico, el texto indicó que “la intención de las fuerzas de seguridad es clara: dañar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y la violencia sexual”.
“Las autoridades bajo el mando del presidente Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas”, agrega.
