El ministro del Interior respaldó la labor de la autoridad regional luego que se presentara una acusación constitucional y llamó al parlamento a “actuar con seriedad y responsabilidad”. “Nos gustaría ver esta misma energía, que la destinásemos a la agenda social” dijo.
La mañana de este jueves, parlamentarios de distintos sectores de la oposición presentaron una acusación constitucional contra el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.
Los parlamentarios aseguran que la autoridad ha impedido el desarrollo de derechos constitucionales, tales como la libertad de reunión y de expresión.
En ese sentido, han cuestionado el plan de copamiento que la autoridad ha implementado en Plaza Italia.
Tras el ingreso de la acusación, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, reiteró el apoyo a la labor que ha desarrollado la autoridad regional.
“Lo que dice la ley, es que el intendente debe velar por la tranquilidad, el orden público y el resguardo de la seguridad de las personas y de los bienes de las personas. El intendente lo único que ha hecho, desde que asumió, es cumplir con sus obligaciones legales. Por lo tanto, acusar a un intendente por cumplir la ley es muy irresponsable”, afirmó.
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En la misma línea, llamó al parlamento a “actuar con seriedad y responsabilidad”.
“La mayor parte de la oposición ha sido gobierno en el pasado (…) y sabe que con este tipo de acciones lo único que hace es debilitar las facultades que tienen las autoridades que están mandatadas por ley, o por la Constitución, para cumplir con su deber de velar por el orden público”, agregó el secretario de Estado.
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Por este motivo, aseguró que el “orden público es la garantía fundamental para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos” y que Guevara “lo que hace es cumplir con su deber”.
“Lo que hace el intendente, y lo que hacemos las autoridades, es compatibilizar y armonizar los distintos derechos, de manifestación como el derecho de quien tiene un comercio en Plaza Italia. La acusación constitucional no contribuye en nada, primero en resguardar el orden público y, en segundo lugar, para resolver los problemas más urgentes que tienen nuestro país”, aseveró.
Finalmente, expuso que “como gobierno nos gustaría ver esta misma energía, y tiempo destinado a acusaciones constitucionales, (…) que los destinásemos a la agenda social”.
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