El abogado del general director de Carabineros aseguró previamente que el jefe de Estado le había entregado “todo su respaldo” al jefe de la policía. El mandatario evitó el tema, en medio de la eventual formalización que lleva a cabo fiscalía.
En medio de la ceremonia de promulgación de la Ley Karin que se desarrolló este viernes, el presidente Gabriel Boric abrió una rueda de prensa para contestar preguntas sobre la contingencia nacional. Una de ellas, una presunta llamada dada a conocer por el abogado del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en medio de la controversia que rodea su formalización por responsabilidad de mando durante el estallido social.
El jefe de Estado fue consultado por si pidió al titular de los uniformados no tomar decisiones sobre su continuidad en el cargo hasta conocer la magnitud de su formalización y si es compatible que siga en el cargo una autoridad que es investigada por delitos que “en particular para su sector político” son muy relevantes.
El mandatario partió diciendo que entiende “que esto nace a partir de una declaración del abogado del general Yáñez que él mismo se vio en deber de desmentir, las conversaciones privadas no se comentan públicamente“.
“Dicho esto, delitos que independiente de la situación procesal específica, no debieran ser importantes para un sector político en particular, debiesen ser importantes para la sociedad entera. Lo que a nosotros nos corresponde es que las instituciones funcionen con la independencia que les corresponde, no les quepa duda que como gobierno estamos atentos a esto”, agregó.
Boric cerró insistiendo en que “lo que nos preocupa por sobre todo es que la institución de Carabineros, con cuál hemos desarrollado una labor intensa estos dos años para poder llevar adelante las tareas vinculadas a seguridad, esa tiene que seguir siendo su prioridad, en esos seguiremos trabajando firmemente, yo no voy a comentar el detalle de conversaciones privadas“.
El general Yáñez será formalizado el próximo 7 de mayo por el Ministerio Público.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
