Senadores de Chile Vamos y Demócratas presentaron requerimientos ante el Tribunal Constitucional con el fin de revertir los beneficios que otorgó el presidente a fines de 2022. En los documentos de respuesta, el Gobierno dice que “los cuestionamientos planteados por las y los requirentes son de legalidad y no de constitucionalidad”.
Por razones de “paz social” y “reinserción” justificó ante el Tribunal Constitucional (TC) el presidente Gabriel Boric los indultos que otorgó a fines de 2022 y que han causado polémica en parte del mundo político, sobre todos los de Luis Castillo y Jorge Mateluna.
El mandatario respondió a los requerimientos que un grupo de senadores de Chile Vamos y del partido en formación Demócratas presentó en el organismo revisor, con el fin de revertir beneficios.
Los documentos de respuesta del Gobierno, en los que también se hace parte el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, dicen que “los cuestionamientos planteados por las y los requirentes son de legalidad y no de constitucionalidad”.
En el caso de Luis Castillo, detenido durante el estallido social y que contaba con un amplio prontuario policial, la autoridad justificó que “el indulto fue otorgado atendiendo, además, un contexto especial, pues había sido condenado por hechos cometidos en el marco del estallido social, una de las más graves crisis institucionales y políticas del país”.
“El otorgamiento de este indulto responde a razones de paz social, la que bien puede ser calificada como razón de Estado de acuerdo al Código Penal, autorizando el beneficio -incluso- a sujetos que hayan sido condenados a la pena más grave que contempla nuestro ordenamiento jurídico, como es el presidio perpetuo”, añadió.
Respecto a Jorge Mateluna, ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y que fue detenido en 2013 tras participar en un asalto bancario, el Gobierno dijo que la concesión de dicho indulto “no supone una intromisión en el ejercicio de la facultad jurisdiccional por parte del Poder Judicial, pues es una atribución que se otorgó existiendo una sentencia condenatoria ejecutoriada, reconociendo la existencia de un delito y su calidad de condenado, tal como exige el ordenamiento jurídico”.
“La finalidad que persigue esta institución (del indulto) no es una ni se encuentra explicitada en nuestro sistema normativo (…). El cuestionamiento a una finalidad particular del indulto requiere de un desarrollo argumentativo que no es realizado por los requirentes”, añadió.
El Ejecutivo también comentó que en esta polémica “se desconoce que el decreto supremo que otorga el indulto al señor Mateluna sí persigue un fin determinado, esto es, su reinserción social”.
Cabe recordar que el TC tramita siete requerimientos por el caso de los indultos presidenciales, entre los cuales se encuentran los de Castillo y Mateluna.
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