La solicitud para que el joven quedara en libertad fue presentada por la Defensoría Penal en diciembre de 2021 a raíz de un avanzado cáncer testicular en etapa 3 con metástasis cerebral y pulmonar, además de una anemia aguda.
Por orden del presidente Gabriel Boric, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, dio curso al primer indulto por razones humanitarias del nuevo Gobierno.
El beneficio fue otorgado a Byron Soto Rojas, de 22 años. El joven llevaba cumplidos casi tres de los 10 años de presidio a los que fue condenado por robo en lugar habitado.
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Según consignó La Tercera, el decreto habría sido firmado este jueves por la ministra Ríos, luego del análisis de los antecedentes entregados por el Tribunal de Conducta Penitenciaria, quienes indicaron que Soto calificaba para recibir el indulto.
La solicitud para que el joven quedara en libertad fue presentada por la Defensoría Penal en diciembre de 2021 a raíz de un avanzado cáncer testicular en etapa 3 con metástasis cerebral y pulmonar, además de una anemia aguda.
El diagnóstico -entregado el 14 de diciembre de 2021- mantuvo al joven internado en el Hospital de Valdivia. El 18 de enero fue trasladado nuevamente a la Cárcel de Llancahue, permaneciendo en el Área de Salud del recinto, hasta este domingo, cuando fue derivado de urgencia al área de Neurocirugía del hospital.
La abogada Nicole Subiabre dijo a Radio Bío Bío que su representado ahora está en libertad e internado en la unidad de oncología del Hospital Base de Valdivia.
“Él queda desde hoy sin ninguna medida de privación de libertad, por lo tanto tampoco tiene que estar sujeto a la vigilancia de ninguna autoridad“, explicó.
La madre de Byron, Laura Rojas, dijo a RioenLinea estar “agradecida de Dios y del presidente Gabriel Boric. La situación lo amerita, porque desde el día uno venía diciendo que mi hijo está con un cáncer y no había sido tomada en cuenta (…) Estamos bien, pero esto pudo haberse solucionado antes, nunca lo hizo el gobierno anterior”.
El indulto particular de pena es una atribución especial y discrecional del presidente de la República, delegada en el ministro o ministra de Justicia y Derechos Humanos. Es otorgado en “casos calificados y mediante decreto supremo fundado”.
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Este beneficio, según el sitio web del Gobierno, va dirigido a “personas naturales que se encuentren condenadas por sentencia ejecutoriada (sin recursos ni plazos pendientes), y que no estén condenados por conductas terroristas”.
Soto Rojas no ha cumplido los dos tercios de la pena establecidos en la misma ley. Sin embargo, de acuerdo con la misma normativa, se puede prescindir de este requisito en casos calificados, como es un grave estado de salud.
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