La propuesta, ingresada por parlamentarios de la UDI, fue respaldada por 76 votos a favor, 53 en contra y 3 abstenciones. Ahora, la medida avanzará a su segundo trámite en el Senado.
Este miércoles la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una indicación que prohíbe el acceso a la gratuidad en la educación superior para los estudiantes que hayan sido sancionados por cometer actos graves de violencia durante su etapa escolar en el marco de la normativa Aula Segura.
La medida, ingresada por parlamentarios de la UDI, fue aprobada con 76 votos a favor, 53 en contra y 3 abstenciones. Ahora avanzará a su segundo trámite constitucional en el Senado.
Durante la discusión, uno de los puntos que causó tensión fue la reserva presentada por la diputada del Partido Comunista (PC) Daniela Serrano, quien se mostró en desacuerdo con la indicación.
Además, la presidenta de la testera, Karol Cariola, reveló que aunque en la instancia votó a favor de la iniciativa, eso fue un error, por lo que, a través de X anunció la rectificación de su postura.
“Después de largas horas de votaciones y al tener que dirigir desde la testera, emití mal mi voto en esta indicación. Mi voto es en contra, fue corregido y solicité que quedara así en el acta”, escribió.
En concreto, la indicación establece que los estudiantes que hayan sido sancionados por conductas como agresiones, uso, porte, posesión o tenencia de armas o artefactos incendiarios no podrán acceder a la gratuidad universitaria durante el año siguiente a su egreso escolar.
Los diputados de la UDI, Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo, explicaron que la propuesta busca evitar que los recursos públicos se destinen a estudiantes que hayan participado en actos violentos.
En ese contexto, Bobadilla sostuvo que es “absolutamente inaceptable e incoherente” que un estudiante sancionado por estas conductas pueda acceder a beneficios como la gratuidad.
“Una persona que en vez de estudiar se dedica a participar en actos de violencia, privando a otros estudiantes de su derecho a la educación, no merece recibir ningún beneficio estatal”, añadió.
En ese sentido, los parlamentarios aseguraron que esta propuesta “es lo mínimo que podemos hacer para defender a todos los estudiantes y apoderados que se han sacrificado para acceder a una educación de calidad”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
