“Tenemos que contribuir a cerrar todos los espacios de impunidad”, dijo el diputado falangista Raúl Soto respecto a la iniciativa, la cual fue aprobada por unanimidad.
“Una muy buena noticia que esperamos contribuya a hacer justicia en materia de denuncias de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes”.
Así calificó Raúl Soto (DC) la aprobación por unanimidad en la Cámara del proyecto de ley que establece la obligatoriedad de denuncia por parte de sacerdotes y religiosos. “Buscamos terminar con la impunidad y apoyar la labor de la justicia”, agregó el parlamentario.
El proyecto fue firmado, además, por los diputados Matías Walker, Joanna Pérez, Gabriel Ascencio, Daniel Verdessi, Manuel Matta, Víctor Torres e Iván Flores.
Tras la votación, Soto -autor de la iniciativa- explicó que el proyecto busca incluir en el artículo 175 de Código Procesal Penal la obligación expresa de los sacerdotes a denunciar al Ministerio Público, bajo una sanción penal, cualquier hecho de abuso contra un menor del que ellos tomen conocimiento.
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El diputado falangista agregó que “nuestro país ha conocido numerosos y lamentables casos, donde el encubrimiento ha predominado. Por ello, junto a varios diputados de mi bancada ingresamos esta moción que, tal como se ha informado, que busca es establecer la obligación y el deber legal en el código procesal penal de parte de religiosos, sacerdotes, del clero, y otro tipo de directivos de instituciones culturales, sociales, deportivas, para que se garantice que se establezcan las denuncias de abuso sexual contra menores”.
“Tenemos que poner fin a todos los espacios de impunidad; garantizar que las denuncias se realicen en forma oportuna y eficiente y, de esa manera, se dé pie a las investigaciones y a las condenas respectivas, para que ningún abusador de niños, niñas y adolescentes en nuestro país quede impune. Los hechos que hemos conocido en el último tiempo, con silencios durante años por parte de autores de los delitos y encubridores, son inaceptables como sociedad”, finalizó.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
