La iniciativa incluye medidas como nuevas causales de prohibición de ingreso y expulsión, uso obligatorio de datos biométricos para personas en situación irregular y reglamentación sobre acceso a educación, salud y vivienda, priorizando a los nacionales en ciertas circunstancias.
Este martes, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que introduce modificaciones a la Ley de Migración y Extranjería, dejándolo listo para continuar su tramitación en el Senado.
La iniciativa busca fortalecer el marco normativo en torno a la migración, estableciendo nuevas medidas para regular la entrada, permanencia y derechos de las personas extranjeras en el país.
Principales modificaciones
En concreto, el proyecto incorpora diversas disposiciones orientadas a equilibrar los derechos de migrantes y nacionales. Entre ellas, se establece que, bajo condiciones similares de vulnerabilidad económica o social, la situación migratoria no conferirá ventajas frente a los nacionales.
Asimismo, se reconoce el aporte al desarrollo de la sociedad de la migración regular, segura y legal.
Entre las principales medidas, destacan:
- Nuevas causales de prohibición de ingreso: Incluyen condenas por violencia intrafamiliar y delitos que la legislación chilena califique como crímenes (últimos 10 años) o simples delitos (últimos 5 años).
- Ampliación de causales de expulsión: Estas aplicarán tanto a extranjeros con visas transitorias como con residencia definitiva.
- Incorporación de datos biométricos: Obligatorio para quienes se encuentren en situación irregular.
- Rechazo de solicitudes de residencia: Aplicable a personas condenadas reiteradamente por infracciones menores sancionadas por los Juzgados de Policía Local.
- Educación, salud y derechos laborales
En cuanto a la educación, el proyecto asegura el acceso a menores de edad sin importar su estatus migratorio, aunque permite priorizar a estudiantes nacionales en casos específicos, una indicación que generó críticas por parte del Gobierno.
Tras la instancia, la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que buscarán modificar esta disposición en el Senado.
Por otro lado, en salud, se garantizará la atención en igualdad de condiciones con los ciudadanos chilenos, aunque se exigirá el enrolamiento de NNA en situación irregular como requisito previo.
Respecto a los derechos laborales, el proyecto regula las condiciones de trabajo para migrantes, aunque el Gobierno expresó preocupación sobre el impacto de sanciones penales a empleadores, advirtiendo que podría fomentar la informalidad.
En el ámbito habitacional, la normativa prohíbe a personas en situación migratoria irregular celebrar contratos de arriendo o subarriendos de propiedades urbanas. Asimismo, se establecen sanciones para arrendadores que incumplan esta disposición.
Asimismo, durante la discusión, se aprobó un endurecimiento de las penas contra quienes promuevan el ingreso ilegal de personas al país, así como contra quienes se dediquen al tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
El proyecto también establece mecanismos especiales de colaboración internacional para asegurar los derechos de niños, niñas y adolescentes que ingresen al país no acompañados o sin documentación.