Antes eran considerados delitos y ahora son vistos como crímenes, por lo que la pena mínima pasó de 541 días de cárcel a 5 años sin posibilidad de salidas alternativas.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 114 votos y despachó a ley el proyecto que modifica el Código Penal con el objeto de perfeccionar el marco legal del cohecho y el soborno.
Con lo anterior quedó en condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como Ley de la República.
En lo fundamental, esta iniciativa fortalece la tipificación de ciertas conductas y eleva las penas de los principales delitos funcionarios: malversación, fraude al fisco, negociación incompatible, soborno y cohecho.
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“El delito de cohecho y soborno es de difícil prueba, por eso ahora está el cohecho sin contraprestación”.
“Primero en el tema de penas: antes eran delitos y ahora son considerados crímenes, esto significa cárcel efectiva para malversación de caudales, negociación incompatible, soborno y cohecho”, explicó Silber.
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Agregó que “en el caso de las altas autoridades eliminamos además los pisos, partimos persiguiendo desde el punto de vista penal la cárcel efectiva desde 5 años en adelante. No podrán solicitar salidas alternativas para este tipo de delitos”.
“Son todas las electas por mandato popular, ministros de estado, subsecretarios, jefes de servicio, las personas de confianza, asesores, jefes de gabinete, presidente, ministros, diputados, senadores”, mencionó.
“Las sanciones parten de los 5 años a los 10 años. Lo anterior significa que partimos con prisión efectiva”, indicó el parlamentario.
“En el tema de cohecho el estándar probatorio exigía la trazabilidad completa, más la ruta económica del beneficio, hoy en día basta el probar que esta alta autoridad o funcionario pidió algún beneficio de cualquier naturaleza para catalogar el hecho de delito“, explicó.
El diputado demócrata cristiano añadió que “quisimos instalar esta suerte de precedente de que no habrá tibieza con los poderosos. Estarán en una categoría mucho mayor respecto de su punibilidad”.
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“Antes eran 541 días de cárcel a 3 años, lo que era prácticamente inocuo. Además el esfuerzo que tenía que hacer el Ministerio Público tenía que ser mucho mayor para poder imputar, lo que generaba la idea de impunidad”, dijo.
Respecto a la transparencia y efectividad de esta nueva normativa, Gabriel Silber expresó que “esto necesariamente tenía que pasar por el Congreso para ser despachado, pero que en el debate legislativo estuvieron muy presentes ONG’s y fiscales quienes finalmente terminaron aplaudiendo el trabajo que hicimos nosotros“.
Mira la entrevista completa en el video adjunto.
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