Desde la vereda opuesta, Amnistía Internacional explicó que el Estado debe garantizar las opciones para abortar en bajo las causales de riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto o que haya sido producto de una violación, y sostienen que no legislar al respecto va contra los Derechos Humanos de las mujeres.
En el Gobierno la postura es clara. La ministra de Salud, Carmen Castillo, señaló que “estamos en un país laico, en el que nadie va a obligar a nadie a un aborto. Esto es una decisión personal, absolutamente basada en sus principios”.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.