CNN Chile te explica: ¿Qué es y cómo funciona una acusación constitucional?
Este instrumento de control político permite al Congreso supervisar a otras autoridades del Estado, garantizando así la separación y el equilibrio entre los poderes.
El presidente de Colombia pidió la libertad del alcalde de Recoleta, quien está en prisión preventiva por eventual corrupción en el Caso Farmacias Populares.
El Gobierno rechazó las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien acusó que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, es “preso de la jurisprudencia” del dictador Augusto Pinochet.
Durante la mañana de este lunes, el mandatario colombiano pidió la libertad del también militante comunista, quien está en prisión preventiva por presuntos hechos de corrupción en el marco del denominado Caso Farmacias Populares.
“Yo pido la libertad de Gabriel Jadue (sic) en Chile. Preso por la jurisprudencia de Pinochet impuesta a los seres libres”, publicó en su cuenta X, junto con un video donde Gabriela Rivadeneira, directora del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro (IDEAL), aborda la situación de Jadue.
Yo pido la libertad de Gabriel Jadue en Chile. Preso por la jurisprudencia de Pinochet impuesta a los seres libres.
pic.twitter.com/WpT7K2cpog— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 8, 2024
Las declaraciones de Petro causaron molestia en el Ejecutivo. Durante la vocería que se realizó horas después en el Palacio de La Moneda, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, defendió la separación de poderes de Chile y el Estado de derecho.
“Nuestro país tiene un Estado de derecho, tiene separación de poderes y si hay cambios que requiere hacer nuestro sistema político frente al Estado de derecho, lo determinamos nosotros y no autoridades de otros países”, afirmó.
Pero eso no será todo, las acciones continuarán. Fuentes de CNN Chile confirmaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) le presentará una nota de protesta a las autoridades colombianas por las declaraciones del presidente Petro.
Este instrumento de control político permite al Congreso supervisar a otras autoridades del Estado, garantizando así la separación y el equilibrio entre los poderes.