La senadora Fabiola Campillai junto a un grupo de diputados de distintos sectores políticos, hicieron un llamado para que organizaciones sociales y expertos sean incluidos en el debate constitución ante el eventual triunfo del Apruebo. “Es también nuestra responsabilidad entregar las certezas para que esta discusión desborde las paredes del Congreso”, indicaron los parlamentarios.
Parlamentarios oficialistas, independientes y del Partido Humanista (PH) hicieron un llamado para que expertos y movimientos sociales puedan ser incluidos en el debate constitucional en el caso de que gane la opción Apruebo en el plebiscito de salida del domino 4 septiembre.
La senadora Fabiola Campillai (IND) junto a los diputados Andrés Giordano (IND), Jorge Brito (RD), Hernán Palma (PH), Cristián Tapia (IND), y las diputadas Ericka Ñanco (RD), Alejandra Placencia (PC), Mercedes Bulnes (IND), Nathalie Castillo (PC), Ana María Gazmuri (IND), Camila Musante (IND), Marta González (IND), Lorena Pizarro (PC) y Viviana Delgado (PEV), firmaron una carta solicitando la acción.
“El plebiscito de este 4 de septiembre nos convoca a pensar el país que queremos cómo construiremos un nuevo Estado garante de derechos que nos mandata la nueva Constitución. Es así que, desde nuestro rol como parlamentarias y parlamentarios provenientes de movimientos sociales, creemos firmemente es algo que deberemos determinar luego del plebiscito, respetando el proceso constituyente, y junto a las organizaciones, juntas de vecinas y vecinos, sindicatos, expertas y expertos, y especialmente con las personas comunes, que no pertenecen a una orgánica, pero necesitan urgentemente mejorar su calidad de vida. Esta es la oportunidad que tenemos de cambiarla de forma concreta con la participación de quienes son los principales afectadas y afectado”, indicaron.
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En ese sentido, los parlamentarios manifestaron que, como legisladores, “la nueva Constitución nos mandata a asegurar trabajo decente y una remuneración justa y suficiente para el grupo familiar, es decir, un salario mínimo que supere la línea de pobreza familiar promedio ($531.048 líquidos actualmente); una vivienda digna -incluyendo, por cierto, la vivienda propia-, nunca más casas sin espacio para habitar ni servicios suficientes, o de pésima calidad; también educación y salud gratuita y de calidad, donde, sin excluir a privados, el centro esté en lo público para que nadie quede sin este derecho por no tener los recursos suficientes; también el nuevo sistema de seguridad social público que otorgará protección y prestaciones suficientes al jubilar, entre otras contingencias que enfrentan la gran mayoría de personas que habitan nuestro territorio; este sistema garantiza que no haya más pensiones de miseria. La nueva Constitución nos brinda la oportunidad de avanzar hacia una sociedad democrática, en igualdad de derechos para hombres, mujeres y disidencias sexogenéricas”.
De esta forma, agregan, “es también nuestra responsabilidad entregar las certezas para que esta discusión desborde las paredes del Congreso, y que los cambios constitucionales y la implementación de las leyes que nos mandata esta nueva Constitución tengan como principio la participación ciudadana, siguiendo el espíritu que nos llevó en un principio a exigir en las calles un nuevo texto que deje atrás los cerrojos que llevan 30 años frenando las transformaciones para un Chile más justo, democrático, descentralizado y sin abusos.
“Así, nuestro llamado es a centrar el debate en cómo garantizamos que los movimientos sociales y las personas que no están representadas en los partidos políticos, -quienes tuvieron rol fundamental en el proceso constituyente-, sean parte de la etapa posterior al Apruebo, en la implementación y los eventuales cambios en el nuevo texto, de forma transparente e inclusiva, acabando con la dinámica paternalista, discriminadora y tan cuestionada, propia del neoliberalismo que instaló la dictadura”, sentenciaron.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
