La encuesta, que está cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Universidad Católica, comienza el 31 de octubre y se realizará en alrededor de 77 mil viviendas en todas las regiones del país.
Durante tres meses se extenderá el levantamiento de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2019, el que partirá el próximo 31 de octubre y finalizará el 31 de enero de 2020.
Las autoridades dieron este martes el puntapié inicial al proceso, invitando a los hogares seleccionados a que abran sus puertas y participen de la Encuesta Casen 2019.
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El levantamiento se realizará en alrededor de 77 mil viviendas en todas las regiones del país, contando con representatividad nacional y regional. El proceso estará a cargo del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quienes se adjudicaron la licitación.
Además, por primera vez la toma de la muestra se realizará a través de dispositivos electrónicos, lo que permitirá modernizar el proceso, contribuyendo a la política de “cero papel” impulsada por el gobierno.
Esto ayudará a hacer más eficiente el proceso de sistematización y análisis de los datos, pudiendo adelantar la entrega de resultados que la mayoría de las veces se ha realizado en septiembre.
“Esta es la encuesta social más importante de Chile, la segunda muestra más grande después del Censo”, señaló el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel.
La subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, hizo hincapié en la importancia de contar con la participación de la ciudadanía en este proceso. “Para tener mejores políticas sociales alineadas con las principales carencias de la población debemos tener buenos diagnósticos. Visitaremos 77 mil viviendas, pero cada uno de estos hogares no son solo uno más, representan a muchos otros”, sostuvo.
Los hogares seleccionados podrán verificar a los encuestadores a través del sitio web, que estará habilitado desde el 31 de octubre.
Casen tiene por objetivo conocer la situación socioeconómica de los hogares y de la población, especialmente de aquellos en situación de pobreza y de los grupos definidos como prioritarios por la política social (personas con discapacidad, adultos mayores, niños niñas y adolescentes, migrantes, jóvenes, pueblos indígenas, entre otros), en relación a aspectos demográficos, de educación, salud, vivienda, trabajo e ingresos.
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