Se dictó una de las mayores sentencias en Chile relacionadas con violaciones a los derechos humanos.
En el marco del denominado caso Calle Conferencia 1, el ministro en visita, Miguel Vásquez dictó la sentencia en contra de 53 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en ocho secuestros calificados y homicidio calificado de los integrantes del comité central del Partido Comunista, y que fueron detenidos en 1976.
Las víctimas de estos delitos fueron: Mario Jaime Zamorano Donoso, Onofre Jorge Muñoz Poutays (esposo de Gladys Marín), Uldarico Donaire Cortez, Jaime Patricio Donato Avendaño, Elisa del Carmen Escobar Cepeda, Lenin Adán Díaz Silva y Eliana Marina Espinoza Fernández y Víctor Díaz López.
Todos pertenecían a la cúpula del PC que operaba en la clandestinidad y comenzaron a ser detenidos a partir del 30 de julio de 1976 en una “ratonera” montada por la DINA en un domicilio ubicado en calle Conferencia, en Santiago, lugar donde se efectuaría una reunión del comité central. En tanto, el Secretario General del Partido Comunista, Víctor Díaz, fue capturado en una casa de seguridad en Las Condes.
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Los ocho detenidos fueron llevados hasta un cuartel en Villa Grimaldi, donde fueron torturados y asesinados. Sus cuerpos fueron arrojados al mar, según revela la investigación de este caso.
La principal condena recayó en el ex agente Ricardo Víctor Lawrence Mires, quien deberá purgar 20 años de cárcel como autor de ocho delitos de secuestro calificado, además de otros 15 años de presidio como coautor del homicidio calificado de Díaz López.
Lo siguen los ex agentes Carlos José Leonardo López Tapia y Miguel Krassnoff Martchenko, quienes fueron sentenciados a 20 años. Las sentencias restantes van desde los 15 hasta los 3 años de presidio.
Con esta sentencia, Krassnoff suma 700 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos.
A la vez, el ministro de fuero condenó al Estado a pagar una indemnización total de $3.460 millones a los familiares de las víctimas.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
