Ambos imputados son investigados por convenios suscritos por $426 millones entre la fundación y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. El Juzgado de Garantía de Antofagasta fundamentó la medida en la participación ilícita y el peligro para la seguridad pública de Contreras y Andrade.
Este viernes Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó prisión preventiva en contra del exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, y el representante legal de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, en el marco de la investigación por el Caso Convenios.
Esto, producto de las indagatorias que desarrolla el Ministerio Público sobre los tres convenios por $426 millones suscritos entre la fundación y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
De acuerdo a la jueza Cici Bertoglio, la medida cautelar establecida fue decretada con base en los antecedentes fundados de la participación en esto ilícitos y porque ambos imputados representan un peligro para la seguridad de la sociedad.
El tribunal consideró que no se fundamentó la contratación directa de una fundación que no tenía experiencia. Lo mismo ocurrió con el rol de Contreras, quien como exseremi, estuvo lejos de abstenerse en el caso por el vínculo que mantenía con Andrade.
“Tanto mi representado como el coimputado en la causa han colaborado y entregado antecedentes, porque ellos son los más interesados en que esto se esclarezca”, sostuvo la abogada defensora de Carlos Contreras, Paula Olivares.
“Nosotros planteamos que aquí no existió un fraude sin perjuicio de que pudieran existir eventuales irregularidades administrativas”, indicó en tanto el abogado defensor Daniel Andrade, Juan Pablo Roncone.
Las defensas insistieron en que no había delito de fraude al Fisco, aunque sí reconocieron la cercanía entre los imputados, no solo por su militancia en RD, sino también por la relación que Andrade mantenía con Catalina Pérez, de quien Contreras había sido su jefe de gabinete.
“Daniel Andrade es indicado como ladrón, cada vez que se habla de corrupción sale su cara. Nadie repara en si él obtuvo un beneficio económico”, sostuvo Roncone.
Es que de los $426 millones que obtuvo Democracia Viva, la organización solo ejecutó $131 millones. Dineros que, según su defensa, Andrade intentó restituir en innumerables ocasiones desde que estalló el escándalo.
Según la defensa en Andrade, él habría solicitado en junio pasado ser imputado en la causa. El imputado dijo no saber sobre alguna irregularidad y no haber estado a cargo de los proyectos de los convenios.
Mientras que Carlos Contreras insistió que no aprobó la elección final de la fundación, sino el Serviu y otros funcionarios.
La defensa apuntó a Yasna Contreras
Los dardos estuvieron dirigidos a Yasna Contreras, encargada del Programa de Campamentos, según la defensa del exseremi fue ella quien, incluso, ideó la contratación a honorarios de funcionarios con cargo a las organizaciones privadas sin fines de lucro.
En ese sentido, aseguraron que fue Carlos Contreras quien inició un sumario interno.
Sin embargo, el tribunal consideró que los antecedentes referidos por la defensa no resultaron suficientes para desvirtuar la contundencia de las pruebas aportadas por Fiscalía, esto teniendo en cuenta “el grado de cercanía que ambos imputados tenían”.
Asimismo, el fallo estableció que “en el caso del señor Andrade nos encontramos ante un delito de estafa y estaríamos en presencia de al menos dos o tres ilícitos y en consecuencias se daría la reiteración de dichos delitos”,
Defensa dice que apelará
El abogado defensor de Contreras, Andrés Bustos, aseguró que apelarán a la decisión judicial, argumentando que no es posible que su representado tuviera la “autonomía” suficiente para aprobar los convenios suscritos con Democracia Viva.
“Vamos a apelar a esta resolución, tenemos 5 días, y esperamos que la corte confirme nuestros argumentos. Es imposible que un seremi de una región tenga la autonomía y la voluntad para aprobar convenios que son extremadamente complejos desde el punto de vía económica, legal y de las garantías que se solicitan”, sostuvo el defensor.
