Diputados del Partido Republicano buscan esclarecer la responsabilidad del ministro de Desarrollo Social, el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda y la jefa de la Dipres, en el marco de la investigación que realiza el Ministerio Público por presuntos hechos de corrupción en contratos entre entidades del Estado y organizaciones privadas en Antofagasta. Los 3 apuntados son militantes de RD.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta acogió la solicitud para ampliar la querella contra el ministro Giorgio Jackson (Desarrollo Social), el jefe de del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, y la jefa de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, en el marco de la investigación que realiza el Ministerio Público por el denominado Caso Convenios en la región.
La información fue anunciada por Ex Ante.
Los diputados del Partido Republicano (PLR) Cristián Araya y Juan Irarrázaval efectuaron la acción judicial para esclarecer la responsabilidad de los tres militantes de Revolución Democrática (RD) mencionados.
Respecto al caso de Jackson, los parlamentarios solicitan que se indague la responsabilidad penal en la decisión efectuada en junio de 2022 sobre disminuir los reportes de transferencias por parte del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), el cual es dependiente del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y que al momento de la determinación era liderado por el secretario y líder de RD.
Por su parte, Crispi es señalado por los convenios para pintar fachadas del casco histórico de Antofagasta, los cuales fueron celebrados entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la fundación Procultura por sobre $630 millones. Esto cuando el también exdiputado era subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.
En tanto, Martínez es apuntada por el oficio de la Dipres que visó el proyecto de fachadas y la relación que tuvo con Daniel Andrade, representante legal de Democracia Viva, fundación desde donde se destapó el Caso Convenios.
Los parlamentarios piden que “se disponga que el Cibercrimen de la Policía de Investigaciones de Chile concurrir a las dependencias de la Dipres y del Palacio de La Moneda, y a los domicilios de los querellados, a fin de proceder a incautar los computadores y teléfonos institucionales y de uso personal”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
