Caso Convenios: Contralor Bermúdez advierte 10 “debilidades del diseño institucional” por transferencias a fundaciones

Este martes, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, advirtió ante la Comisión de Vivienda del Senado 10 “debilidades del diseño institucional” en el sistema de transferencias de recursos públicos a instituciones privadas, como fundaciones o corporaciones, por parte del Estado.

El documento expuesto por el líder del ente regulador se da a conocer tras una investigación del órgano y a raíz del destape de los millonarios convenios firmados en Antofagasta entre la secretaría regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y Democracia Viva, fundación vinculada a ahora exmilitantes de Revolución Democrática (RD).

📍Comenzamos con la Comisión de Vivienda que recibirá al Contralor General (@Contraloriacl), para conocer los antecedentes en su poder sobre la situación que afectaría a diversas fundaciones y corporaciones en materia de traspaso de recursos fiscales.

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— Senado Chile (@Senado_Chile) July 11, 2023

Dentro de las claves reportadas por Contraloría en el llamado Caso Convenios -el cual actualmente presenta distintas aristas, además de la antofagastina-, está que entre 2016 y junio de 2023, el ente regulador ha realizado 7.056 acciones de fiscalización a todo el aparato público y en particular 242 auditorías en el Minvu, “centrando los esfuerzos en la entrega de subsidios, ya que corresponde al 10% del prepuesto total del ministerio: $4,2 billones, es decir, $4.241.602.688”, dice el organismo.

Respecto a los montos del programa Asentamientos precarios de la secretaría de Estado, el contralor indicó que estos alcanzan el 1,2% del prepuesto.

Bermúdez además señaló cuatro puntos de por qué es complejo fiscalizar las trasferencias a instituciones privadas. Estos son:

• La Contraloría no fiscaliza a privados, según el artículo 25 de la Ley 10.336.
• La Contraloría no puede cuestionar el mérito, también llamado value for money, de los convenios que se suscriban.
• Estas se tratan de transferencias atomizadas. En el caso particular, pueden parecer grandes montos, pero en el contexto del Minvu tienen poca incidencia en su presupuesto.
• Los convenios son de difícil fiscalización porque “son amplios en redacción; no tienen puntos de control que permitan monitorear avances; no existen hitos de ejecución; y no existen definiciones claras para contrastar los gastos rendidos“.

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Las 10 debilidades detectadas

Dentro de las 10 debilidades reportadas por Contraloría, se encuentran algunas que hacen referencia a una “excesiva discrecionalidad” en ciertos tópicos de proceso de transferencias. Todas estas son:

• Transferencias como forma de ejecución presupuestaria. En la Ley de Presupuestos para el año 2023, se contempla al menos $1.454.838.469 en transferencias a privados.
• Falta de densidad normativa de las transferencias.
• Las grietas de la regulación financiera del Estado permiten que “no se siga la ruta del dinero público”. Ejemplo: transferencia a fin de año desde GORE a una municipalidad, es imposible de ejecutar, se contabiliza como recurso extrapresupuestario y el alcalde no requiere del Concejo para su ejecución.
• Excesiva discrecionalidad en la definición de los subtítulos (24, 31 o 33) con consecuencias en su ejecución.
• Excesiva discrecionalidad en las modificaciones presupuestarias.
• Excesiva discrecionalidad en la definición de los proyectos que se financian por vía de transferencia.
• Excesiva discrecionalidad en la utilización de “asignación directa” y “asignación nominativa” a personas jurídicas privadas.
• Ausencia de control de mérito o conveniencia de los proyectos que se financian por vía de transferencia.
• Baja eficacia de las “glosas de información”.
• Faltan normas de transparencia, conflictos de intereses y probidad de los receptores de recursos públicos.

Propuestas

Junto a las debilidades detectadas en el sistema, el contralor también expuso en el Senado propuestas de corto, mediano y largo plazo para solucionar la problemática. Estas son:

Propuestas de corto plazo:

• Eliminar las expresiones “corrientes a instituciones privadas” del art. 23 de la Ley de Presupuestos. Esta modificación permitiría que se apliquen reglas de suscripción de convenios, metas, plazos instructivos, garantías y sujeción de transferencias a estados de avances, deberes de información y otros, a todos los receptores de fondos públicos, incluyendo organismos de derecho privado.
• Que se dicte por el Ministerio de Hacienda el instructivo de aplicación general respecto del contenido de los convenios de transferencia, con la finalidad de asegurar que los recursos públicos transferidos sean destinados efectivamente al objetivo para el que fueron asignados, así como su restitución, en caso contrario.
• Establecer la obligación de rendición de cuentas a través de la plataforma SISREC de la CGR (puede incorporarse en instructivo).
• Exigir en los convenios la constitución de garantías a partir de determinados montos transferidos, así como la aplicación de sanciones en caso de mala utilización de los recursos.

Propuestas de mediano plazo:

• Aplicar el estatuto de probidad de la nueva ley de compras públicas a los destinatarios de transferencias.
• Fortalecer el registro de la ley N°19.862, facilitar su interfaz, establecer su interoperabilidad y generar reportes sobre las transferencias recibidas.

Propuestas de largo plazo:

• Trabajar en una ley sobre transferencias del Estado, retomando las minutas presentadas por CGR al Ministerio de Hacienda en 2020 y el documento de trabajo interno “Manual de Transferencias de Recursos Públicos”.
• Diseñar un sistema de información en que se plasmen todas las transferencias de recursos que realiza el Estado a entes privados, cuya información sea relativamente coetánea a la realización de la transferencia.