Las indagatorias ordenadas por el fiscal Manuel Guerra analizaron un total de 421 informes, y de ellos, 329 resultaron tener títulos asociados a más de un parlamentario o comité político.
En el marco de la investigación por mal uso de asignaciones parlamentarias, la PDI detectó que 35 parlamentarios pagaron informes con “contenido coincidente” entre 2011 y 2016.
Una publicación de La Tercera señala que las indagatorias realizadas por la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI concluyeron que los diputados y senadores que integran el grupo financiaron “documentos con un mismo título, cuyo contenido es coincidente y que fueron elaborados por el mismo proveedor, pero destinado a diferentes requirientes”.
Lo anterior a partir del caso conocido como “copy-paste”, cuando se revelaron asesorías realizadas por Omar Beltrán al senador Alejandro Guillier que incluían informes con párrafos similares a otros disponibles en la página web del Congreso, en mayo de 2018 la Fiscalía Oriente ordenó indagar en los documentos relativos a esta materia de todos los parlamentarios.
De este modo, las indagatorias ordenadas por el fiscal Manuel Guerra analizaron un total de 421 informes, y de ellos, 329 resultaron tener títulos asociados a más de un parlamentario o comité político.
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Entre los centros involucrados en la investigación se encuentran la Fundación Jaime Guzmán, el Instituto Igualdad, el Instituto Libertad, el Instituto de Capacitación y Formación para el Desarrollo Social (Icades), el Instituto Libertad, la Corporación de Estudios para Latinoamérica (Cieplan) y el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschultz (Ical).
En algunos de estos casos, hasta 18 legisladores pagaron por el mismo informe, mientras que en otra oportunidad el mismo parlamentario pagó varias veces por el mismo texto, como el caso del “informe denominado ‘Los desafíos del sistema nacional de capacitación y empleo’, fue justificado como asesoría al requiriente Arturo Squella Ovalle en diferentes periodos de tiempo”.
Ante la gran cantidad de antecedentes aportados, la policía decidió elegir una muestra del 10% de los títulos que estaban asociados a más de un requirente (parlamentario y/o comité), y de ese estudio se pudo determinar que 35 senadores y diputados requirieron 111 veces, un total de 38 informes distintos con “contenido coincidente”, a los a centros de estudios por concepto de asesorías.
Para realizar el análisis de contenido, la policía ocupó un página web llamada copyleaks.com.
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En el caso de la Fundación Jaime Guzmán, quienes más solicitaron estos documentos fueron Arturo Squella, Romilio Gutiérrez y María José Hoffmann, todos militantes de la UDI.
En el Instituto Igualdad, ligado al PS, los parlamentarios que realizaron más requerimientos son Leonardo Soto, Luis Lemus, Luis Rocafull y Daniel Melo.
En Renovación Nacional, a través del Instituto Libertad, los legisladores que más pidieron son Manuel José Ossandón, el actual ministro de Minería, Baldo Prokuricay el ex senador Carlos Larraín.
A Cieplan, relacionado con la DC, se pidieron seis asesorías con información similar, la que fue requerida por el ex ministro Jorge Burgos y el diputado Matías Walker.
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