Dentro de las principales conclusiones del escrito se encuentran eventuales negligencias por parte del Servicio Médico Legal, Carabineros y el Ministerio Público.
Este martes, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó de forma transversal y casi unánime el informe de la Comisión Especial Investigadora (CEI) por los hechos ocurridos en Renca el 20 de octubre del 2019 durante el estallido social, donde se encontraron muertos tras un incendio en las bodegas de la empresa Kayser a Manuel Muga, Yoshua Osorio, Andrés Ponce, Julián Pérez y Luis Salas. Sus familiares estuvieron presentes en la sesión.
Tras 85 votos a favor, una abstención del parlamentario Eduardo Cornejo (UDI) y ninguno en contra, el diputado Andrés Giordano, presidente e impulsor de la CEI, aseveró que “desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, acreditamos la existencia de acciones u omisiones que se tradujeron en errores y negligencias por parte del Estado, sobre todo por parte del Ministerio Público, de las policías y del Servicio Médico Legal (SML)”.
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Giordano manifestó que “es un informe contundente que da cuenta de todas estas irregularidades y que esperamos sea un insumo para las familias que nos acompañan en este momento, en la causa penal que va a seguir impulsándose, que trasciende la labor de este Parlamento, pero que por cierto hoy día tiene un insumo de una investigación ardua con una veintena de audiencias y más de seis meses de sesiones que efectivamente dan con este resultado de manera unánime y que acaba de ser ratificado por la Sala de la Cámara”.
Dentro de las principales conclusiones se encuentran eventuales negligencias por parte del Servicio Médico Legal “en la aplicación de procedimientos técnicos relativos a las pericias tanatológicas”, y “el desconocimiento de información relevante por parte del Ministerio Público”, que en respuesta a un oficio del 2021, expresó que “no hay antecedentes de impactos balísticos”, cuando sí los hubo.
Y que tanto Carabineros como el Ministerio Público “señalaron rápidamente que las víctimas habían muerto saqueando, es decir, cometiendo el delito de robo en lugar no habitado. Tal situación generó, de acuerdo a las familias de las víctimas, un estigma y prejuicio anticipado en la propia investigación”.
Además, el informe señala que el mismo carabinero que afirmó que las víctimas habían muerto saqueando, grabó y difundió “en redes sociales un video de las víctimas durante la noche del 20 de octubre del 2019”, un delito por el cual solo recibió la sanción administrativa más leve por parte de la institución y recién en este año se concretó su formalización.
El informe de la Comisión también indica que “ni en el día del incendio ni los días posteriores, el sitio del suceso fue cercado para el debido levantamiento y realización de diligencias investigativas”, lo que era responsabilidad del Ministerio Público y de Carabineros. (…) “Por el contrario, se mantuvo abierto y vulnerable a la alteración por parte de personas ajenas a la empresa, lo cual podría explicar también el desarrollo de un segundo incendio el día 12 de noviembre de 2019”.
Igualmente, que existe “falta de claridad en responsabilidades y protocolo de levantamiento de los cuerpos, puesto que de acuerdo con las declaraciones de la periodista Paola Dragnic y el camarógrafo Italo Retamal de Telesur, en el acto quedaron presuntos restos de vestimentas y objetos personales de, al menos, una de las víctimas”.
El presidente de la CEI puntualizó en que “la constatación de aquellos hechos nos obliga, como poder Legislativo, a tomar algunas acciones. Una de ellas es que efectivamente podamos legislar para que estos protocolos y estas recomendaciones que hoy día han sido vulneradas y que generaron perjuicios para las familias que actualmente llevan este juicio adelante, sean de carácter obligatorio”, como lo es el protocolo de Minnesota, para casos de eventuales violaciones a los Derechos Humanos.
Se acordó “propender el levantamiento y el reconocimiento de un memorial en el sitio del suceso, que actualmente es de propiedad del Serviu, que ha anunciado que se va a edificar un complejo de viviendas sociales, pero se ha abierto la conversación para que efectivamente este sitio de memoria tenga una cabida. y es algo que nosotros estamos empujando y la Comisión lo ha ratificado de forma unánime”, indicó Giordano.
Agregando que se sugirió que “se avance en mejorar la legislación penal para fortalecer los derechos de las víctimas y propender a la creación de un organismo del Estado que tenga como función dar asesoría jurídica especializada y defensa de las víctimas en procesos penales, lo que el Gobierno ya está impulsando con el proyecto de Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, que presentó recientemente”.
La Comisión, que aprobó de forma unánime el informe, fue compuesta también por las diputadas y diputados Yovana Ahumada (IND-PSC), Boris Barrera (PC), Ana María Bravo (PS), Jorge Durán (RN), Mauro González (RN), Tomás Hirsch (PAH), Cristian Labbé (UDI), Daniel Lilayu (UDI), José Carlos Meza (Republicano), Clara Sagardia (IND-FA) y Alberto Undurraga (DC).
Las actividades están enmarcadas en el lema "Salgamos a jugar", por lo que el énfasis estará en los juegos tradicionales y la "transmisión intergeneracional de la riqueza cultural". La jornada se realizará en 16 regiones del país.
