En medio del estallido social, un joven de 23 años fue arrollado por un camión militar en Talcahuano. El infante de marina que conducía el vehículo fue acusado por cuasidelito de homicidio, pero la familia de la víctima espera que la reconstitución de escena podría cambiar los cargos de la formalización.
Eran pasadas las 18 horas de la tarde del 21 de octubre de 2019 cuando Manuel Rebolledo Navarrete comenzó a correr con dos amigos por una cancha de tierra ubicada en un costado de la Avenida Gran Bretaña, en Talcahuano.
El grupo participaba de una manifestación cuando un camión de la Armada salió de la calzada y, a exceso de velocidad, fue detrás de ellos. El joven, también conocido como “el Polera”, cayó al suelo y murió casi instantáneamente tras ser arrollado por el vehículo.
El día después, mientras la familia preparaba la despedida de Manuel, el infante de marina Leonardo Medina Caamaño fue formalizado por cuasidelito de homicidio. De acuerdo con la defensa de quien manejaba el camión, el hecho se trató de un accidente, sin embargo, la figura no dejó conformes a sus padres ni tampoco a la parte querellante representada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Ahora, a casi 11 meses de su muerte, los padres de Manuel insisten en que es importante cambiar la acusación. “El video lo dice todo, lo debieron haber formalizado al tiro por homicidio. Estamos mal porque no hay avances, nosotros no estamos viendo la justicia”, dice su madre Luisa Navarrete, mientras se refiere a las imágenes que fueron captadas por las cámaras de una empresa pesquera de Talcahuano.
El registro muestra el atropello, pero también la huida de los hombres mientras eran perseguidos por el camión de la marina a alta velocidad. Y aunque en marzo, con las imágenes en mano, la Fiscalía solicitó una reconstitución de escena para establecer si fue un accidente o una conducta dolosa, la diligencia aún no ha sido realizada. La familia de Manuel pide que se haga lo más pronto posible.
Manuel Rebolledo, padre de “El Polera”, señala que “con la pandemia está todo retrasado, pero igual quedaron hartos trámites que se podrían haber hecho antes. Siento que se burlan de la gente humilde”.
Para la familia del joven, la reconstitución de escena es clave para poder sanar. “Que el asesino pague el daño. Han pasado 10 meses, él tendría que haber estado preso porque ahora está cumpliendo funciones de trabajo, de lo más normal de la vida, y eso da rabia”, agregó.
En la oportunidad, se determinó arraigo nacional y firma mensual como medidas cautelares, luego de que Leonardo Medina declara que se trató de un accidente cuando intentaba controlar un saqueo a Congelados Pacífico, una empresa del lugar.
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Para el abogado de la familia de la víctima, Marcelo Villena, los peritajes son “de vital importancia” para probar que hubo un hecho doloso. Y ante la demora, tanto la defensa como la familia temen que la nueva cuarentena que rige desde el pasado viernes en las comunas de Concepción, Chiguayante, Hualpén y Talcahuano retrase mucho más el proceso.
“Ciertamente puede haber un factor de riesgo, esperamos que no sea así. La última palabra la tiene la PDI y el Ministerio Público. Es una diligencia que se ha demorado bastante y esperamos que se haga en la fecha que se determinó. Uno entiende la ansiedad de la familia, pero también sabemos que las circunstancias del país no son las mejores”, dice Villena.
Roberto Pino es fundador del colectivo “Justicia para Manuel Rebolledo”. Allí, un grupo de personas y profesionales se reunió para dar apoyo a la familia, visibilizar el caso y realizar un documental que reflejará cómo los cercanos al joven han vivido el duelo en medio del estallido social, la pandemia y en “un sistema judicial que no está funcionando.”
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“No se entiende cómo un camión persigue a una persona por 50 metros a toda velocidad, en un sitio eriazo, gigante. Y por eso es importante la reconstitución de escena. Se puede ver que hay espacio suficiente para haber frenado, para haber doblado. En cambio, el camión también pudo haber matado a otras dos personas. Y me da vergüenza que no se haya acercado ninguna autoridad a su familia, ninguna autoridad militar, a pedir disculpas, o a dar apoyo”, indica Pino con respecto a las diligencias.
Manuel Rebolledo padre confirma que no han tenido acercamientos con autoridades ni representantes del Estado. Agrega que es imposible que la muerte de su hijo sea catalogada como accidente de tránsito. Dice que “fue una persecución, los militares no vinieron a cuidar los derechos humanos”.
Roberto Pino también es crítico con el actuar de la fiscalía. Sostiene que “en cuatro meses no se realizó ninguna diligencia investigativa, hasta que la familia interpuso una querella. Y ahí, entre comillas, el caso empezó a apurarse un poco más. Pero todavía hay diligencias que no se han tomado, declaraciones que no se han tomado. Por ejemplo, el cálculo de la velocidad en la que venía el camión, cuántos metros tuvo para frenar, cuándo Manuel se resbala y se cae; una serie de cuestiones que son muy importantes y que aún no se han tomado. Pericias que con las medidas sanitarias no hay ningún problema que se pudieran tomar”.
Si el caso se recalifica, dice el abogado Villena, “pediríamos la pena que establece la ley, que va desde diez años y un día hasta quince años de prisión. Todo esto, explica, “dependerá de las atenuantes que tenga el imputado”.
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