La polémica se desató luego de que se revelara el uso de $847 millones en gastos reservados por parte de Monsalve, lo que ha generado nuevos cuestionamientos sobre la correcta fiscalización de estos fondos al interior de la cartera.
La polémica sobre los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior, bajo la administración de Manuel Monsalve, sigue sacudiendo la palestra nacional.
Esto luego de que la Contraloría General se pronunciara respecto al rol del ministro del Interior en relación con los gastos reservados hechos durante la gestión del exsubsecretario de la cartera, actualmente formalizado y en prisión preventiva por abuso sexual y violación.
El pasado 26 de noviembre, el diputado Tomás Lagomarsino, miembro de la Comisión Investigadora por el Caso Monsalve, solicitó al ente fiscalizador un pronunciamiento oficial sobre el papel del ministro del Interior en la fiscalización de los gastos reservados.
La respuesta de la Contraloría llegó el 28 de febrero, y concluye que, de acuerdo con la Ley N.º 19.863, es obligación del subsecretario del Interior informar por escrito al ministro del Interior sobre el uso de los gastos reservados, en un formato secreto y con una periodicidad semestral.
“La respuesta de Contraloría es contundente, y no deja milímetro a la duda respecto a que la ministra del Interior estaba en la obligación de conocer sobre la ejecución de los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior”, manifestó Lagomarsino.
La polémica surgió tras la detección del uso de grandes sumas de dinero en efectivo, revelado desde el inicio de la formalización de Monsalve, algo que llamó la atención de la Fiscalía.
Lo que comenzó como una denuncia sobre pagos en efectivo por cenas en restaurantes y viajes en taxi, pronto se amplió a otros gastos, incluyendo su alojamiento en el Hotel Panamericano, práctica que se repitió cada vez que Monsalve se hospedaba en este lugar.
La cifra total que se maneja hasta ahora es de $847 millones en gastos reservados durante el período en que Monsalve estuvo a cargo de la subsecretaría. La cifra fue revelada por el mismo Gobierno, tras responder un requerimiento de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados pro el Caso Monsalve.
A raíz de esta controversia, una de las preguntas recurrentes ha sido si el proceso de fiscalización de estos recursos se llevó a cabo correctamente, y cuál es el rol del ministro o ministra del Interior en dicho proceso.
Cuando la entonces ministra Carolina Tohá fue consultada sobre el tema, explicó que los gastos reservados están sujetos a una regulación específica y que no deben ser rendidos directamente a la ministra, sino que deben seguir un procedimiento distinto de rendición.
Aseguró además que en su cartera, el proceso de rendición de cuentas “funcionaba de manera adecuada”, y que se entregaba un informe general cada seis meses a la Comisión de Inteligencia.
Sin embargo, en noviembre se reveló que la ley que regula los gastos reservados fue modificada para incluir explícitamente al ministro como parte del proceso de “control político” sobre estos recursos, abriendo un nuevo debate sobre las responsabilidades del ministro en la fiscalización, según consignó un reportaje de Meganoticias.
El presidente del Partido Comunista respondió a los cuestionamientos esgrimidos desde Venezuela, luego que el Gobierno de Chile hiciera entrega de los antecedentes sobre el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda ante la Corte Penal Internacional.
