Caso Puerto Coronel: Alcalde Boris Chamorro, imputado por cohecho, queda con arresto domiciliario nocturno

Por CNN Chile

16.12.2024 / 20:32

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El jefe comunal está acusado de recibir $82 millones a través de pagos realizados por un contratista que, junto a exejecutivos del puerto, habría emitido facturas falsas. El caso incluye investigaciones por sobornos, fraude al Fisco y administración desleal. Además, el tribunal estableció un plazo de tres meses para esclarecer los hechos.


Bajo arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional quedó el alcalde de la comuna de Coronel, Boris Chamorro, imputado por delitos reiterados de cohecho en el marco del Caso Puerto Coronel.

Detalles de la resolución

La resolución, establecida por el Juzgado de Garantía de Coronel, se dio este lunes tras extensas jornadas de formalización de cargos contra siete personas, acusadas de delitos como fraude al Fisco, cohecho, administración desleal y delitos tributarios.

Según Fiscalía, el jefe comunal habría recibido $82 millones mediante 21 pagos realizados por Víctor Olivares, un contratista de Puerto Coronel, quien emitió facturas falsas con el supuesto apoyo de altos ejecutivos de la compañía, entre ellos Daniel Chamorro, exgerente de administración y finanzas.

El caso, liderado por la fiscal adjunta de Coronel, Glenda Lagos, abarca tres aristas principales: el pago de sobornos a autoridades y dirigentes sindicales; la participación de pymes proveedoras en la emisión de facturas ideológicamente falsas; y el rol de los exejecutivos de Puerto Coronel en la ejecución de estas prácticas ilícitas.


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Cabe mencionar que Víctor Olivares también se encuentra bajo arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Por su parte, Eduardo Hartwig, fundador y expresidente de Puerto Coronel, fue dejado en arresto domiciliario total y arraigo nacional, mientras que Daniel Chamorro quedó con arresto domiciliario parcial y arraigo nacional.

Otros imputados, como Eduardo Araya, exconcejal de Coronel; Javier Andwanter, exgerente del puerto; y Hernán Romero, contratista-proveedor, no recibieron medidas cautelares.

El Tribunal estableció un plazo de tres meses para la investigación, que buscará esclarecer el alcance de las irregularidades.