La querella fue presenta en contra de Mylena Cárcamo Valencia, María José Sepúlveda y Patricio Gajardo y de todos quienes resulten criminalmente responsables, por los delitos de estafa y falsificación de instrumento privado. De acuerdo con el municipio, los profesionales presentaron informes que resultó ser "un engaño".
La Municipalidad de Santiago anunció esta jornada que presentó una querella en contra de los tres tasadores que participaron del proceso y que elaboraron los informes que encargó la administración de Irací Hassler. Esto en el marco de la fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella.
Según comentó la alcaldesa en febrero, los informes de los especialistas tasadores establecieron valores por sobre los $8.000 millones, lo que en base a un promedio de dichos montos “es que la municipalidad realiza la oferta respectiva para la adquisición de la ex clínica”.
La querella fue presenta en contra de Mylena Cárcamo Valencia, María José Sepúlveda y Patricio Gajardo y de todos quienes resulten criminalmente responsables, por los delitos de estafa y falsificación de instrumento privado.
De acuerdo al texto, la querella se funda en las observaciones que hizo Contraloría respecto de la polémica adquisición. De acuerdo con el municipio, los profesionales presentaron informes que resultó ser “un engaño“.
“De ser correcto lo señalado por la I. Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, nos encontraríamos con que los querellados faltaron a la verdad en la narración de hechos sustanciales en sus informes e hicieron pasar por informes de tasación documentos que lo eran sólo en apariencia, sin respetar las normas de su propia lex artis, según el parámetro de norma técnica invocado como contraste por la Contraloría, esto es la ‘Norma Chilena de Tasación NCh 3658/1′”, se lee en el escrito al que accedió La Tercera.
Asimismo, se agrega que aquello “ha significado un engaño por parte de los querellados, y que le ha generado un perjuicio a la I. Municipalidad de Santiago correspondiente a la supuesta contraprestación por la que fueron remunerados”.
Al respecto, la alcaldesa Irací Hassler sostuvo que “quiero reiterar mi compromiso y colaboración para el pronto esclarecimiento de los hechos que tan gravemente afectaron al proyecto que nos permitiría mejorar las condiciones de salud de los más de 37 mil vecinos del Cesfam Padre Orellana; y la querella presentada es parte de las acciones judiciales necesarias”.
Documentos representaban “una falsedad”
Según lo descrito en la querella, se constituiría el delito de estafa ya que “los tasadores querellados habrían entregado a la I. Municipalidad de Santiago tasaciones que únicamente en apariencia lo serían, siendo que, en realidad, representaban una falsedad consistente en documentos que no eran suficientes para que se concluyera que el encargo se había realizado, y que las conclusiones de valoración a las que arriba se fundaban en un procedimiento y metodología válido, algo que solo con un análisis profesional podría darse”.
En esa línea, aseguran que aquello se tradujo en que “la Municipalidad habría incurrido en un error de considerar que se trataba de tasaciones legítimas, y por tanto, no solamente realizó el pago por el supuesto trabajo pactado -configurando la disposición patrimonial- sino que además estos antecedentes constituyeron un hecho esencial para cumplir con las exigencias legales que requería la adquisición de la ex Clínica Sierra Bella bajo la modalidad de trato directo”.
“Tanto así, que el precio ofertado por los inmuebles se basó en los tres montos concluidos en los informes referidos, confiando en todo momento en el suministro técnico que estas tasaciones supuestamente reflejaban. En concreto, la disposición patrimonial se produce por la circunstancia de efectivamente haber pagado por los informes de tasación”.
Asimismo, se hace presente que los informes constituyen instrumentos privados ideológicamente falsos “en tanto en ellos se afirma la realización de actos, procedimientos y satisfacción de requerimientos metodológicos fundamentales para arribar a la tasación que concluyen en sus informes. Dichas afirmaciones y razonamiento, por la relevancia que suponen para la validez del informe, constituyen la narración de hechos sustanciales cuya falsedad es sancionada como delito“.
El perjuicio, no solo sería al patrimonio del municipio, sino que también a su imagen, añaden.
