El fiscal nacional, Jorge Abbott, confirmó la opción de conseguir un acuerdo con los imputados.
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A seis años de la investigación por el accionar de autoridades en el marco del maremoto del 27 de febrero de 2010, las acciones del Ministerio Público podrían no terminar en un juicio oral.
La fiscalía ofreció suspensión condicional del procedimiento para los seis imputados a cambio de 245 millones de pesos, en una salida alternativa que fue criticada por los querellantes del denomina “caso Tsunami”.
“Es una solución vejatoria, es humillante e insultante para el dolor de los familiares de las víctimas del 27-F”, sostuvo el abogado Raúl Meza.
En el informe adjunto conoce las reacciones a las salidas alternativas ofrecidas por el persecutor regional José Luis Pérez Calaf y que deben ratificadas ante el tribunal.
La iniciativa, impulsada por Conecta Mayor UC, la Pontificia Universidad Católica de Chile y El Mercurio, destaca a figuras de nuestro país mayores de 75 años y que aportan desde sus diversos ámbitos al país.
