Tras casos Polizzi y Barriga: Presentan proyecto para evitar que personas con arresto domiciliario lucren en redes sociales

Luego de que la exalcaldesa Cathy Barriga se sumara a Camila Polizzi y decidiera unirse a plataformas de contenido erótico, un grupo de diputados presentó un proyecto para evitar que personas que cumplen arresto domiciliario lucren a través de redes sociales.

¿Qué pasó?

Polizzi enfrentó a la justicia por la denominada arista “lencería” del caso Convenios, en la que se indaga un presunto desvío de $250 millones destinados a un proyecto social. Tras ser formalizada, la excandidata a alcaldesa quedó con arresto domiciliario.

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Por su parte, la otrora jefa comunal enfrentó una situación similar, quedando bajo la misma medida cautelar de arresto domiciliario luego de ser formalizada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público por millonario fraude en Maipú.

Ahora, ambas tienen otra cosa en común: venden contenido erótico en plataformas para adultos. En Arsmate, Polizzi cobra US$24 por acceder a su contenido (unos $22 mil), mientras que Barriga lanzó su contenido en Onfayer con un precio de US$25 (cerca de $23 mil).

Detalles del proyecto

El nuevo proyecto, presentado por la bancada del Partido Demócratas, busca modificar la ley N°18.216 con el objetivo de evitar que los imputados sujetos a la cautelar de reclusión parcial domiciliaria “puedan utilizar libremente las redes sociales con el fin de beneficiarse económicamente o afectar el desarrollo de la investigación penal”.

Argumentan que la figura del arresto domiciliario “se distorsiona” toda vez que permite “a los imputados que se benefician de ella del desarrollo de actividades remuneradas, las cuales en las mismas circunstancias y no habiéndose concedido la cautelar alternativa, no tendría procedencia alguna y significa incluso, en ciertos casos, la comisión de nuevos ilícitos penales”.

“No resulta sensato que, por un lado, el legislador persiga y limite el acceso a tecnologías de la información y dispositivos móviles a imputados y condenados por delitos en cárceles comunes y, por otro, se permita que imputados con beneficios penitenciarios como la cautelar alternativa de arresto domiciliario puedan compartir su vida, actividades y desarrollar este tipo de actividades económicas en el cumplimiento de su cautelar y mientras se desarrolla la investigación penal”, agregan en el documento.