La diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, insistió nuevamente en el proyecto de ley que se encuentra desde el 2014 en el Congreso. Sería voluntario para quienes quieran optar a beneficio dentro de la condena.
La parlamentaria argumentó que quiere avanzar en esta materia por el aumento de la prescripción de delitos sexuales contra menores. “Queremos medidas ejemplificadoras que los inhabiliten a que sigan cometiendo este tipo de crímenes”.
Flores, en agosto del año pasado, había reiterado la idea de legislar sobre el proyecto de ley de castración química para pedófilos, medida presentada por la intendenta Karla Rubilar durante el 2014 e inspirada en proyectos internacionales.
Para ello, el condenado deberá suministrarse un químico (Acetato de Medroxiprogesterona) durante 12 meses para eliminar el apetito sexual del abusador. Esto siempre y cuando acceda “voluntariamente” al tratamiento, a cambio de beneficios con el cumplimiento de la condena. De no aceptar, el presidiario no tendrá derecho a ningún beneficio.
Según Marcelo Díaz, diputado del Partido Socialista, la propuesta podría ser inconstitucional al exigir una mutilación a cambio de un beneficio. “No es el camino más apropiado, claro que tenemos que explorar. Es una elevación sustancial de las penas asociadas a este tipo de delitos”.
La medida ya es obligatoria en otros países, como en el caso europeo de Polonia, Rusia y Suecia. En continente americano, algunos estados de Estados Unidos ya cuentan con el castigo, y más cercano a nuestro país, es el caso de Mendoza, Argentina, vigente sólo en esa provincia.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
