Caso Fundación Democracia Viva: Qué acusa la oposición y cuál es el origen de la fundación

La atención está centrada en la fundación sin fines de lucro Democracia Viva tras firmar tres convenios con la Seremi de Vivienda por un total de $426 millones, siendo Daniel Andrade, representante legal de la fundación y pareja de la diputada Catalina Pérez.

La historia de la fundación, según consigna La Segunda, comenzó el 25 de febrero del año pasado cuando obtuvo su personalidad jurídica en la comuna de Ñuñoa, cuyo municipio está bajo la dirección de la alcaldesa Emilia Ríos, también militante de Revolución Democrática.

La dirección de la fundación corresponde a un departamento en Ñuñoa, propiedad de Cecilia Millán, académica de la Universidad Católica Silva Henríquez.

Como antecedente, cinco meses antes de obtener su personalidad jurídica, el 30 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la última elección de la directiva, resultando Daniel Andrade como presidente, Catalina Guzmán como secretaria y Doris Pinto como tesorera.

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A los ocho meses de obtener la personalidad jurídica, la fundación obtuvo sus primeros dos contratos, uno por $200 millones y otro por $170 millones, con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Posteriormente, en diciembre, obtuvieron un tercer contrato por $56 millones, que aparece registrado como transferencias únicas en el Registro de Colaboradores del Estado y Municipalidades. Cabe destacar que estos contratos fueron aprobados en ese momento por el exseremi Carlos Contreras, quien trabajó con la diputada Pérez en 2020.

 

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Las red de Catalina Peréz en Antofagasta

El medio regional Timeline Antofagasta ahondó sobre la red de simpatizantes de Catalina Pérez y miembros de Revolución Democrática que ejercen cargos claves en organismos públicos, “mucho de los cuales fueron sus asesores o fueron propuestos por ella en distintos cargos de elección”.

Entre ellos, figuran:

• Paula Orellana (Consejo Regional).
• Gustavo Riveros (seremi de Medioambiente).
• Carlos Contreras (exseremi de Vivienda).
• Maria Gloria Lazcano (Consejo de la Sociedad Civil del Gore).
• Marcela Astudillo (directora de la Dirección de Aguas del Ministerio de Obras Públicas)
• Iván Ávila (excandidato a senador y periodista de la Delegación Regional).
• Cindy Goméz (excandidata a concejal y actualmente en la Seremi de Desarrollo Social).
• Liliana González (trabaja en Conadi).
• Vianney Sierralta (dirección de Senadis).

“Hay dos regiones en donde utilizan una figura similar”

Por su parte, el diputado Frank Sauerbaum acusó que esta misma acción se estaría replicando en otras regiones. “Tenemos antecedentes de que esta misma figura se está utilizando en Revolución Democrática en otras regiones del país, y eso es lo que vamos a investigar. El Ministerio de Vivienda no puede convertirse en la caja pagadora de RD ni en financista de su proyecto político”, destacó en Radio Biobío.

“No puedo mencionar las regiones en este momento, pero hay dos regiones donde los seremis son de RD y utilizan una figura similar con la misma corporación y la misma organización”, agregó.

Tras los hechos, la Fiscalía Regional de Antofagasta informó que ha abierto una investigación de oficio con respecto a los convenios de transferencia de recursos suscritos por la Secretaría Regional de Vivienda de Antofagasta con la Fundación Democracia Viva.