El organismo detalla que, de los asuntos derivados de las manifestaciones, 171 han sido catalogados como de "extrema gravedad", como es el caso de homicidios, torturas y apremios.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha debido estudiar un total de 1.059 casos relacionados con actos ocurridos en el marco de las manifestaciones sociales que se han desarrollado en Chile a partir del 18 de octubre.
De acuerdo a cifras del organismo, consignadas por La Tercera, hasta el momento se han seleccionado 850 asuntos en el área penal, de los cuales 583 corresponden a eventuales vulneraciones a los derechos humanos y 267 por daños a bienes, patrimonio y/o infraestructura pública.
En cuanto a los ámbitos civil y contencioso administrativo, se han revisado 110 acciones constitucionales por impugnar las declaraciones de estado de emergencia y toques de queda. En estos casos, 19 fueron declaradas inadmisibles y otros 67 terminaron en sentencia en las que se rechazó la pretención de los recursos.
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Además, el organismo que vela por los intereses del fisco detalla que se han presentado 76 acciones constitucionales en la que se cuestiona la legalidad del uso de armamentos no letales u otros elementos disuasivos en el contexto de las protestas, de las cuales se han concluido 22.
De estas acciones finalizadas, 21 se consideran favorables al interés fiscal, debido a que dos terminaron por incompetencia del tribunal, ocho se declararon inadmisibles y 11 fueron rechazadas.
A la vez, comercios o negocios presentaron 23 recursos de protección, los que pidieron resguardo al verse impedidos de realizar sus actividades con normalidad o estar expuestos a posibles daños. En 9 de estos casos, el CDE logró resultados favorables y otros 14 se encuentran en proceso de tramitación.
En el área penal, de las 583 investigaciones relacionadas por presuntas violaciones a los derechos humanos, el matutino detalla que 372 son por denuncias por apremios ilegítimos, 133 por abusos contra particulares, 35 por lesiones, 19 por torturas, 7 por homicidio, 4 por violencia innecesaria, 3 por homicidios frustrados, 2 por daños particulares y 2 por allanamiento ilegal y obstrucción a la justicia.
De acuerdo al organismo, tras una revisión preliminar fueron seleccionados 171 asuntos que fueron catalogados como de “extrema gravedad”, como es el caso de homicidios, torturas y apremios.
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Para estos, se impartieron instrucciones a las procuradurías fiscales con el fin de que se soliciten las carpetas investigativas al Ministerio Público, para así contar con los antecedentes en caso de que se decidan querellarse.
La presidenta del organismo, María Eugenia Manaud, señaló al periódico que “frente a un escenario de creciente magnitud y dado que la ley faculta al servicio para intervenir en el proceso penal solo mediante la interposición de querella criminal, nos pareció necesario construir un sistema de categorización de las denuncias que considerara la gravedad de los delitos perpetrados por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, contra quienes el CDE se encuentra legitimado para actuar”.
A la fecha, el CDE ha presentado 3 querellas por presunta violación a los DD.HH. y ya se decidió ingresar a tribunales una cuarta acción judicial por otro hecho del mismo tipo: el caso de Álex Núñez, hombre que murió durante el estado de emergencia tras recibir una golpiza que habría sido ocasionada por Carabineros.
En el caso de los ataques a la propiedad privada y/o de valor histórico, se interpuso una querella por dos incendios registrados el 12 de noviembre en Plaza Italia y otra por los daños que sufrió la estatua del general Baquedano. A estas se suma una acción legal por la quema a la iglesia San Francisco de Borja.
El consejo estima que uno de los escenarios que se plantean es que los ciudadanos que se han visto afectados por el actuar policial y en los que el CDE se ha querellado, podrían presentar demandas indemnizatorias más adelante. En esto, el CDE tendrá el rol de defender los recursos públicos.
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Al respecto, Manaud indicó que ambos puntos son intereses prioritarios para el Estado y afirma que es tarea del organismo defenderlo “con idéntica convicción”.
“Al Estado le asiste la promoción y defensa de los derechos humanos, por lo que perseguirá con firmeza a quienes los vulneren, así como requiere que se resguarde el patrimonio público que pertenece a todos los ciudadanos y habitantes”, agregó la presidenta del consejo.
