El abogado procurador fiscal de Santiago, Marcelo Chandía, explicó que la decisión se argumenta en la improcedencia del uso del amparo constitucional para cuestionar el formato de un juicio oral.
En una sesión llevada a cabo esta mañana, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación de Gendarmería de Chile, presentó un recurso ante la Segunda Sala de la Corte Suprema que busca la revocación de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de Arica.
Esta última había ordenado la comparecencia presencial en el juicio oral de un grupo de imputados vinculados al clan “Los Gallegos”, brazo armado del Tren de Aragua en Chile.
El tribunal consideró que se vulneraron las garantías de los imputados al no proporcionar a las defensas la información sobre los motivos para realizar las audiencias de manera remota y sin la presencia de todos los imputados durante la audiencia de factibilidad técnica.
Asimismo, la Corte ordenó una nueva audiencia de factibilidad, dejando la responsabilidad al Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Arica, el cual deberá determinar este martes si procede con dicha audiencia o establece una nueva fecha para llevarla a cabo.
El abogado procurador fiscal de Santiago, Marcelo Chandía, explicó que solicitaron al tribunal aceptar el recurso, resaltando que el uso del amparo constitucional para cuestionar el formato de un juicio oral “no es procedente”.
Los argumentos expuestos se basan en “la defensa de la racionalidad y legalidad de la decisión del Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Arica, que ordenó el desarrollo del juicio de manera híbrida, esto es, de manera remota para los imputados, evitando con ello el traslado de los internos a dicha ciudad desde distintos centros penitenciarios del país”, añadió el jurista.
Tras la instancia, la Corte Suprema confirmó parcialmente la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica, lo que implicó acoger parcialmente el recurso de amparo presentado por la defensa de los acusados, ordenando la suspensión del juicio oral contra 38 imputados hasta que se realice una nueva audiencia para evaluar la viabilidad técnica de un juicio presencial.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
