El Consejo de Defensa del Estado presentó la acción judicial en contra de Belén Carrasco, en calidad de autora del delito reiterado de malversación de caudales públicos en perjuicio del municipio de Algarrobo. La querella también apunta a todos quienes resulten responsables del ilícito.
En medio de la investigación por presuntos hechos de corrupción en el municipio de Algarrobo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso el miércoles una querella en contra de la encargada de Tesorería de dicha Municipalidad, Belén Carrasco, en calidad de autora del delito reiterado de malversación de caudales públicos.
La acción también apunta a todos quienes resulten responsables del ilícito.
El CDE estima que los hechos ocurridos entre el 24 de marzo de 2022 y el 7 de noviembre de 2023 son constitutivos del delito que se imputa, el cual sanciona -de acuerdo a la ley- al empleado público que, “teniendo a su cargo caudales o efectos públicos, los substrajere o consintiere que otros los substraiga”.
En concreto, la acción del organismo relata que la Carrasco, en el ejercicio de sus funciones y manteniendo a su cargo fondos públicos en su calidad de encargada de Tesorería, procedió a adulterar las nóminas de pago a proveedores del municipio, incluyendo al menos a cuatro personas naturales a quienes no les correspondía recibir pago alguno por parte de la entidad edilicia, concertándose con estas últimas con el objeto de sustraer un monto superior a $1.069 millones, a través de la autorización de transferencias bancarias.
Además, con el objetivo de cumplir con su cometido, “la querellada solicitó la aprobación de los apoderados bancarios quienes autorizaron las irregulares transferencias confiando en los antecedentes adulterados presentados por Carrasco Serrano, verificándose de esta manera cada uno de los elementos del tipo que contempla el delito de malversación”.
En paralelo al anuncio de la querella, el alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, llegó esta mañana al Primer Juzgado de Garantía de San Antonio para su control de detención tras ser arrestado por la Policía de Investigaciones (PDI) luego de estar prófugo por los delitos de malversación de fondos públicos y cohecho.
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