CDE se querella contra el exfiscal Guerra: Lo acusan de corrupción en casos Penta, Exalmar y Dominga
Por Héctor Basoalto
29.10.2024 / 13:28
La acción legal, dirigida también contra el abogado Luis Hermosilla, fue interpuesta por los delitos reiterados de "soborno, cohecho, prevaricación administrativa y revelación de secreto".
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal contra el exfiscal Manuel Guerra y el abogado Luis Hermosilla, así como contra quienes resulten responsables.
A través de un comunicado, el CDE señaló que la acción judicial se debe a su “participación como autores de los delitos reiterados de soborno, cohecho, prevaricación administrativa y revelación de secreto, sin perjuicio de otros ilícitos que se puedan acreditar durante la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público en el denominado ‘caso Audio‘”.
En ese sentido, detallaron que la querella “se dirige nominativamente contra el exfiscal Manuel Guerra y el abogado Luis Hermosilla, el último actualmente bajo la medida cautelar de prisión preventiva”.
Caso Audios: CDE y la querella contra el exfiscal Guerra
Sobre este punto, indican que “durante el período en que ejercieron una función pública y faltando a los deberes de su cargo, habrían mantenido constantes contactos abordando en variadas conversaciones asuntos de carácter reservado en casos como Exalmar, Penta, Dominga, entre otros, cuyas investigaciones y antecedentes eran secretos“.
Además, apuntan a que Guerra “entregaba de forma permanente al querellado Luis Hermosilla información que era obtenida en razón de su calidad de Fiscal Regional, de las causas, conversaciones y decisiones internas respecto de las mismas al interior del Ministerio Público, directamente relacionadas y que afectaban investigaciones penales abiertas“.
“En este mismo contexto ilícito, adoptó en su calidad de persecutor resoluciones manifiestamente injustas, contrarias a derecho y con infracción a los deberes de su cargo“, añadieron desde el CDE.
Finalmente, aseguraron que esto ocurrió en el contexto de “una larga relación que habría permitido que Guerra en su calidad de Fiscal Regional adoptara decisiones ‘no por consideraciones técnicas o jurídicas, sino justamente en razón de la vinculación que existía entre los querellados‘”.
