La revelación del posible tráfico de influencias entre la jueza Ángela Vivanco y Luis Hermosilla ha causo impacto en el mundo político, sobre todo en el Poder Judicial. Una situación que le preocupa al Ejecutivo, aunque descartan que esto esté dañando la robustez del sistema de separación de poderes del Estado.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, descartó que la revelación del posible tráfico de influencias entre la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Luis Hermosilla, abogado imputado por delitos de corrupción en el Caso Audios, esté dañando la separación de poderes del Estado.
Impacto en la ciudadanía y el mundo político han generado las conversaciones que se dieron a conocer el fin de semana pasado, en donde la jueza le pidió apoyo al abogado para que pueda ser parte de los ministros del máximo tribunal.
Tras la revelación, se cree que el pleno de Corte suspenda a Vivanco de sus funciones y abra un proceso disciplinario. En paralelo, parlamentarios han impulsado acusar constitucionalmente a la magistrada.
Ambas situaciones han mantenido expectantes al Gobierno. Esto pese a que la Constitución Política del país le da facultades al presidente Gabriel Boric para que pueda pronunciarse al respecto.
Desde el Palacio de La Moneda, en el marco del desarrollo del comité político de este lunes, se le preguntó al ministro Cordero si, a su juicio, está dañada la separación de poderes del Estado tras la revelación de los chats entre Vivanco y Hermosilla.
“El sistema institucional chileno tiene un robusto sistema de separación de poderes”, dijo el titular de Justicia. No obstante, “otra cosa distinta es qué pasa en uno de los tres poderes del Estado”, sostuvo, y en ese contexto, afirmó que “la situación del Poder Judicial es compleja”.
Bajo ese punto, recordó que esta no es la primera vez que el Poder Judicial enfrenta una situación de estas características, “la década de los 90 fue muy difícil para la Corte, y la experiencia del sistema institucional es que este tipo de crisis se abordan con perspectiva a futuro, en término de reforma estructurales, tratando de eliminar los incentivos que son inadecuados y, sobre todo, en nuestro país en las dos últimas décadas hay dos datos que son especialmente preocupantes: en primero, la baja confianza de los chilenos y chilenas en el sistema de justicia, es el más bajo en América Latina y uno de los datos más complejos al resto de los países de la OCDE; y el segundo, es la alta percepción de las personas de que en Chile no hay igualdad ante la ley”.
“Esos dos componentes son extremadamente complejos para el funcionamiento del sistema de justicia”, añadió.
De este modo, Cordero afirmó que esta crisis hay que abordarla con total profundidad y transparencia, “pero en perspectiva de una reforma estructural”.
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