Entre sus diversas exigencias, la coalición política solicita "retirar todas las fuerzas especiales de Carabineros de Chile y agentes de la Policía de Investigaciones como parte de la inmediata desmilitarización del territorio mapuche". Además, plantean la conformación de una comisión que trabaje por el indulto de los comuneros mapuche "en situación de presidio político"
(Agencia UNO / CNNChile) – La mesa política de Chile Digno, Verde y Soberano condenó la muerte de Pablo Marchant, quien fue abatido en un enfrentamiento con Carabineros en la comuna de Carahue, responsabilizando al Presidente Sebastián Piñera.
A través de una declaración, afirmaron que “ninguna acción en la que hayan participado los weichafe mapuche puede ser esgrimida como pretexto por las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile y agentes de la Policía de Investigaciones para asesinar, reprimir y operar como un verdadero ejército de ocupación colonialista en el territorio del Wallmapu”.
“Su asesinato se produce un día después que la Convención Constitucional, presidida por Elisa Loncon, en nombre del poder constituyente del pueblo soberano, reconociera por abrumadora mayoría la existencia de prisioneros políticos de la revuelta y la grave militarización y violencia en contra del pueblo mapuche en el Wallmapu“, agregaron.
Asimismo, aseguraron que “Piñera y su Gobierno criminal es el responsable político de este grave asesinato que sólo traerá más violencia e inestabilidad”.
“Frente a lo sucedido, reiteramos que Carabineros de Chile debe ser refundado y sus unidades y fuerzas especiales deben ser inmediatamente disueltas”, complementaron.
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La coalición política, conformada por el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social y otros movimientos sociales, indicaron que “en el actual contexto que vive el país, el grave asesinato del joven weichafe Pablo Marchant no sólo debe ser repudiado por todos los pueblos de Chile y sus autores materiales deben detenidos0 y procesados por la justicia”.
En la misma línea, piden que en “el Proyecto de ley Boletín 13715-17, apoyar una indicación que disponga la aplicación directa y obligatoria del Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente en lo relativo al conocimiento de situaciones calificadas de delitos y que constituyan ejercicio de derechos territoriales, culturales, y políticos y a la aplicación preferente y obligatoria de penas distintas a la privación de libertad”.
Además, exigen “retirar todas las fuerzas especiales de Carabineros de Chile y agentes de la Policía de Investigaciones como parte de la inmediata desmilitarización del territorio mapuche; (…) la inmediata disolución y persecución penal de las fuerzas paramilitares de las forestales del territorio mapuche; (..) y cancelar el gasto presupuestario imputado a la represión político-estatal del pueblo mapuche”.
De la misma forma, solicitan “convocar la conformación urgente de una comisión plurinacional que trabaje inmediatamente por el indulto de todas y todos los comuneros mapuche en situación de presidio político, como primer paso para avanzar hacia un diálogo plurinacional de paz, que sea garante de derechos sin prisioneros de guerra”.
“Esta será la única vía de diálogo y acuerdo entre las naciones, como puntapié del proceso de restitución de territorios en su amplio concepto y construcción de autonomía política mapuche”, indicaron.
El documento sostiene que “este Gobierno está comprometido con los intereses de la oligarquía chilena y transnacional, la misma que ha despojado al pueblo mapuche, a otras primeras naciones y el pueblo chileno de su territorio, y que busca mantener y ampliar la explotación de materias primas, reproduciendo el modelo extractivista que sólo conlleva a la destrucción del medio ambiente y a la miseria humana con trabajo prevaricado, frente a una alta concentración de la propiedad privada y la pérdida de soberanía popular sobre el propio territorio del país”.
“Por lo mismo, nuestra coalición exige estas medidas mínimas en un llamamiento de movilización social en solidaridad con la nación mapuche”, complementaron.
Asimismo, aseguran que el pueblo mapuche cuenta “con el apoyo de la mayoría social del pueblo chileno que se levantó en la revuelta en diversos territorios del país y que se masificó el 18 de octubre del 2019, por lo que enfrentaremos esta situación con unidad, solidaridad y lucha”.
Finalmente, manifestaron su “solidaridad con el pueblo mapuche y extendemos nuestro pesar y solidaridad con su familia y hermanos comuneros”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
