El texto presentado por el Consejo Constitucional propone que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Revisa aquí qué significa y qué dijeron desde la Comisión de Expertos tras su aprobación en el anteproyecto.
Uno de los primeros artículos de la propuesta constitucional tiene relación con el Estado social y de derecho, pero ¿de qué se trata?
El capítulo 1 de la propuesta, llamado “Fundamentos del orden constitucional”, en su inciso 3 consagra a Chile como un Estado social y de derecho.
“El Estado de Chile es social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales, y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.
El primer inciso del anteproyecto aprobado por la Comisión de Expertos -instancia previa al trabajo del Consejo Constitucional- fue precisamente el que dice que “Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.
Este inciso fue uno de los más destacados por los expertos.
Desde el oficialismo celebraron esta forma de organización: “Supone un giro de lo que estamos acostumbrados respecto del Estado actual. Un estado social y democrático de derecho es un estado que se define por los derechos que garantiza”, afirmó Alexis Cortés, del Partido Comunista.
La comisionada UDI, Bettina Horst, puntualizó en que “el Estado social y democrático de derecho es una de las bases institucionales del proceso; por lo tanto, no podía estar ausente en el anteproyecto. Dentro de las bases se señala que la propuesta constitucional debe considerar que Chile es un Estado social y democrático de derecho que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales a través de instituciones estatales y privadas.
Además, destacó que consideran clave que se garantice la participación efectiva de los privados en la prestación de los derechos: “No es un monopolio estatal, es un Estado que se preocupa de las personas, que a través de esa mirada es cuando se incorpora la acción del sector privado”.
Ambos sectores coinciden en que con este modelo, el Estado asume un rol más fuerte a la hora de garantizar los derechos sociales -como son el derecho a la salud, la educación, el agua, la seguridad social y la vivienda-, pero que no implica un monopolio del Estado, sino que entrega un espacio para que entidades privadas puedan participar. “Un estado social no genera ni el estatismo puro ni la privatización total. Van a existir las clínicas, las Isapres, los seguros complementarios, pero es el Estado el que va a controlar y fiscalizar de manera más eficiente y eficaz”, señaló la experta en cupo PPD Leslie Sánchez.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
